Lo que buscan, no sólo es rehacer la realidad lingüística de España, sino corregir la historia misma. Lo que verdaderamente se pretende es la ruptura de la continuidad histórica de España como Nación
El hecho de que en España existan una serie de lenguas regionales que en su evolución no alcanzaron la difusión del castellano, convertido en el idioma español por mor de ser la lengua común de todos los españoles y la lengua mayoritaria en toda España, no debería suscitar controversia alguna, si la cuestión se contemplase desde un punto de vista cultural, lingüístico y de pleno respeto a los derechos de los hablantes.
El art. 3.1 de la Constitución es en esta materia claro y preciso, “el castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla”. Junto a la lengua española aparecen las lenguas regionales como cooficiales allí donde existan, según también proclama el art.3.2 de la Constitución, que remite a los respectivos Estatutos de Autonomía su regulación. El español es nuestro idioma nacional, que lógicamente todos los españoles debemos conocer. Las lenguas regionales, ni siquiera comunes a todos los habitantes de aquellos territorios donde existen, sin duda constituyen un patrimonio cultural, como señala el propio art. 3 de la Constitución, digno de especial respeto y protección, pero no tienen la categoría de lengua nacional.
Cuando se proclama en las normas autonómicas de Cataluña, Valencia, Baleares, Galicia y País Vasco, que sus respectivas lenguas regionales son su lengua “propia”, se está proclamando que el español es allí una lengua extraña o foránea.
Hasta aquí no parece haber problema alguno. El carácter cooficial de las lenguas regionales vendría a proteger su perenne valor cultural y a garantizar los derechos de sus hablantes, que por ende también reconoce la Carta Europea de Lenguas Regionales o Minoritarias. Que el ordenamiento jurídico reconozca este carácter cooficial implica obligaciones para las administraciones públicas en orden a facilitar a los hablantes de las lenguas regionales su empleo, más allá del ámbito privado, en aquellas autonomías donde existen, así como a difundir su conocimiento a través de su introducción dentro de los planes de estudio oficiales. Sin embargo, los Estatutos de Autonomía y en especial las leyes de normalización lingüística que ha dictado cada una de esas Comunidades Autónomas, han ido mucho más allá.
En un principio parecía que el Tribunal Constitucional velaría por impedir el desbordamiento del carácter regional de las lenguas cooficiales. Así, la STC 82/1986 de 26 de junio frenaba las pretensiones del nacionalismo vasco de equiparar la lengua regional con la lengua nacional, al afirmar el Alto Tribunal que solo respecto del castellano cabe “predicar, junto al derecho a usarlo, el deber de conocerlo, lo que se fundamenta en la singularidad de este idioma como común a todos los españoles y lengua oficial del Estado”, para seguir explicando que por mucho que una norma autonómica proclame como propia la lengua vasca, no impide que “pueda calificarse también al castellano como lengua propia del Pueblo Vasco”- Por ello, “no cabe sostener que, establecida la cooficialidad de una lengua española distinta del castellano, la Comunidad Autónoma pueda establecer respecto de aquélla, junto al derecho a usarla, un deber de conocimiento idéntico al previsto para el castellano en el art. 3.1 de la C.E.” Y concluía, “el castellano, idioma de uso oficial también en las Comunidades Autónomas donde exista otra lengua cooficial, nunca puede ser excluido, sin perjuicio del derecho individual de usar la lengua cooficial”.
Lamentablemente esta línea interpretativa pronto acabó cediendo a las presiones del nacionalismo disgregador, cuyas demandas serían atendidas sin reparo ni escrúpulo por los sucesivos gobiernos de España. La STC 337/1994 de 23 de diciembre, al examinar la normativa sobre normalización lingüística en Cataluña, acepta la finalidad “de corregir y llegar a superar los desequilibrios existentes entre las dos lenguas cooficiales en la Comunidad Autónoma”, y admite la inmersión lingüística en la enseñanza porque si se persigue “el objetivo, a la «plena igualdad» de las dos lenguas oficiales (sic), es legítimo que el catalán, en atención al objetivo de la normalización lingüística en Cataluña, sea el centro de gravedad de este modelo de bilingüismo”. Más reciente, la STS 31/2010 de 28 de junio, con ocasión de la reforma del Estatuto de Autonomía catalán, llega a dar por bueno que el catalán sea la lengua de «uso normal» de las Administraciones Públicas y de los medios de comunicación públicos de Cataluña, así como el deber de conocerlo, siempre que no se exija con carácter generalizado (sic), e insiste en que se pueden adoptar las medidas de política lingüística tendentes a corregir, situaciones históricas de desequilibrio de una de las lenguas oficiales respecto de la otra, subsanando así la posición secundaria o de postergación que alguna de ellas pudiera tener.
Y es que las lenguas han sido contempladas, reguladas e interpretadas como concepto ideológico, a través de unos criterios que se apartan de los fines lingüísticos y culturales, para perseguir unos fines políticos, que encima tampoco respetan los derechos de todos los hablantes.
Tratan de negar la legitimidad del proceso socio-cultural que llevó al castellano a convertirse en el idioma común de todos los españoles, porque las lenguas regionales habrían sido relegadas, perseguidas o prohibidas.
Cuando se proclama en las normas autonómicas de Cataluña, Valencia, Baleares, Galicia y País Vasco, que sus respectivas lenguas regionales son su lengua “propia”, se está proclamando que el español es allí una lengua extraña o foránea. Cuando se sancionan legalmente las políticas de inmersión lingüística a través del concepto de “normalización”, se está transmitiendo la idea de que hay que corregir una situación negativa, porque la denominada normalización supone adoptar una serie de medidas “compensatorias” que lleven a la “recuperación” generalizada de los niveles de conocimiento y uso de las lenguas regionales.
Evidentemente se está negando la validez de la evolución histórica del uso de las lenguas en España. Pero si hay que recuperar las lenguas regionales ¿a qué estado hay que reponerlas? ¿Al que tenían en el inicio de la evolución de las lenguas romances, o en el caso del vascuence, a la Edad de Bronce? ¿Debemos remontarnos a la Edad Media antes de los Reyes Católicos? ¿Quizá a la época anterior a los Borbones? ¿Antes de la Restauración? ¿O sólo antes del franquismo? En realidad, no se trata de recuperar ningún estado mítico anterior de difusión y uso de las lenguas regionales. Se trata de negar la legitimidad del proceso socio-cultural que llevó al castellano a convertirse en el idioma común de todos los españoles, porque las lenguas regionales habrían sido relegadas, perseguidas o prohibidas, primero por la opresora hegemonía castellana y luego por los oscuros poderes españolistas confabulados para la “doma y castración”, que diría el orate Castelao parafraseando a Zurita, de las nacionalidades históricas, terminando por el franquismo, que como todo el mundo sabe, “prohibió” las lenguas regionales por el mero hecho de no considerarlas oficiales.
Lo que buscan, no sólo es rehacer la realidad lingüística de España, sino corregir la historia misma. Lo que verdaderamente se pretende es la ruptura de la continuidad histórica de España como Nación.
La consecuencia de sostener que las lenguas regionales han sufrido un inaceptable proceso de degradación, es que su cooficialidad se ha traducido, no sólo en derecho y garantía para sus hablantes, sino en una obligación para los hablantes de la lengua española que habiten aquellos territorios “con lengua propia”. Todos deben conocer la lengua regional lo suficiente como para poder ser bilingües, pero además tienen que usarla forzosamente como lengua vehicular en la educación, y puesto que debe ser la lengua “normal” que las administraciones autonómicas y locales utilicen, si quieren una relación administrativa fluida, también deben emplearla en dicho ámbito. Pero no les basta con la exclusión del español de la esfera pública o institucional para compensar la anomalía histórica que “sufren” las lenguas regionales. En la esfera privada se castiga el uso de esa lengua extraña que “impide” la normalidad. Esto se hace, bien groseramente, como sucede en Cataluña con las multas a los comerciantes que rotulan solo en español, bien sutilmente, a través de la amenaza de ser privado de oportunidades si no se utiliza la lengua regional, como ocurre en otras comunidades bilingües, con lo cual el concernido callará o asentirá antes de verse discriminado o señalado. Valga el ejemplo, si creas, emprendes o innovas en español, no tendrás las mismas ayudas económicas de quienes sí usan la lengua regional para lo mismo que tú. En definitiva, nos encontramos con una sistemática política de imposición lingüística, donde los hablantes están al servicio de la mesiánica misión de salvar las lenguas regionales y conseguir que ocupen el lugar que se merecen. Y ese lugar no es otro que el de lengua nacional.
Porque lo que buscan, no sólo es rehacer la realidad lingüística de España, sino corregir la historia misma. Lo que verdaderamente se pretende es la ruptura de la continuidad histórica de España como Nación. Lo que se esconde bajo los sucesivos disfraces de las apelaciones a la diversidad cultural, la protección de las lenguas de España o el enriquecimiento idiomático de la población, no son conceptos lingüísticos ni culturales, sino, pura y simplemente, conceptos marcadamente ideologizados por un nacionalismo decimonónico que busca un alma propia distinta de la de España a partir de la lengua. En este camino hacía el Estado plurinacional o la autodeterminación, la lengua ocupa un papel simbólico como idioma propio de cada supuesta nación, pero también esencial en el proceso de deconstrucción nacional de
España, ya que la inmersión lingüística facilita la cohesión social que conducirá a la identidad diferenciada de las nuevas naciones de esa Commonwealth de opereta bufa que sustituirá a España como Nación.
La iniciativa legislativa de Hablamos español para que la cooficialidad lingüística se rija por el principio de libertad de elección pondría fin al abuso político de corte separatista de las lenguas de España.
Para terminar con este abuso político de corte separatista de las lenguas de España, bastaría con que la cooficialidad de las lenguas regionales se rigiese por el principio de libertad de elección lingüística, verdaderamente respetuoso con los valores de libertad, pluralismo e igualdad, a la vez que compatible con el respeto y protección de las lenguas regionales, y no por el principio de “normalización” lingüística que, con sus pretensiones de ingeniería social, encierra notorios rasgos totalitarios. No parece que ningún partido político con representación parlamentaria esté por la labor de afrontar este cambio, que ni siquiera precisaría de una reforma constitucional.
De momento, lo que sí existe es una iniciativa de la sociedad civil que al menos pretende acabar con el disparate de que los hablantes del español sean tratados a nivel lingüístico como ciudadanos extranjeros en las Comunidades Autónomas con lengua cooficial. Se trata de la plataforma Hablamos Español, que está recogiendo firmas para presentar ante el Congreso una Iniciativa Legislativa Popular para que se promulgue una Ley de libertad de elección lingüística.
Para remediar esta situación no basta con lamentarse, todos podemos poner nuestro granito de arena, ahora tenemos una oportunidad de hacernos oír a través de la iniciativa de Hablamos Español. Merece la pena colaborar: http://hispanohablantes.es/como-puedes-ayudar.php
Mateo Requesens. (Jurista y Doctor en Derecho)
