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para investir a Marga Prohens

El acuerdo PP-VOX en Baleares: libertad lingüística, menos impuestos, defensa de la familia y plan contra la inmigración ilegal

La portavoz parlamentaria de VOX en Baleares, Idoia Ribas. Europa Press

PP y VOX han firmado un acuerdo para la investidura de Marga Prohens como presidenta del archipiélago balear que incluye 110 puntos programáticos para lograr el fin de las políticas socialistas y separatistas aplicadas por el Gobierno de la socialista Francina Armengol.

El pacto, que será evaluado periódicamente gracias a la creación de una comisión de evaluación y seguimiento y por el que VOX se abstendrá en la votación, garantiza que los padres puedan elegir libremente el centro escolar para sus hijos, así como la primera lengua de escolarización. «Nos comprometemos a extender este derecho en todas las etapas educativas antes de acabar la legislatura, sin excluir ninguna de las lenguas cooficiales», recoge.

Así, contempla la creación de una Oficina de Garantía de la Libertad Lingüística que sustituya a la actual Oficina de Defensa de los Derechos Lingüísticos, «que ha servido como instrumento de imposición lingüística y exclusión del español», y recoge que el desconocimiento del catalán no será motivo de penalización para el acceso a la función pública.

E incluye la modificación de las normas que supongan la imposición lingüística y la garantía del derecho a que cualquier ciudadano pueda dirigirse a la Administración Pública en cualquiera de las dos lenguas oficiales «y sea contestado en la lengua que desee».

Bajada de impuestos y defensa de la familia

También incorpora la aprobación dentro de los primeros seis meses de legislatura de una reducción contundente del IRPF que implica «una rebaja de la tarifa autonómica en todos sus tramos» y, muy especialmente, para aquellos contribuyentes con rentas medias y bajas; la ampliación de los límites y beneficiarios de las deducciones por arrendamiento de vivienda, gastos en libros de texto o gastos en escoletas 0-3 años; y la creación de nuevas deducciones: por nacimiento o adopción, para propietarios que pongan viviendas en el mercado de alquiler de larga duración, por gastos derivados de cuidados de personas mayores de 65 años; por autoempleo y segunda oportunidad, o para empleados públicos que ocupen plazas de difícil cobertura, en especial los miembros de las FCSE.

Incluye la eliminación dentro de los primeros 100 días de legislatura del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD) para todas las herencias entre padres e hijos, entre abuelos y nietos, entre cónyuges, y la reducción un 50% entre hermanos o entre tíos y sobrinos.

Se aprobará además una ley integral de protección a la familia que incluya medidas para el fomento de la natalidad con ayudas al nacimiento, adopción y acogida, así como a gastos esenciales como el comedor escolar, transporte, material o actividades extraescolares, el acompañamiento de los mayores, el apoyo a personas dependientes y sus familiares con especial atención a las familias numerosas.

Y se incluirá la okupación de viviendas como infracción grave en la nueva Ley de
vivienda, de manera que los okupas no puedan recibir prestaciones, y se creará una Oficina de Defensa de Víctimas de la Okupación y un teléfono de atención permanente para el asesoramiento y acompañamiento de todas las víctimas, y se establecerán ayudas asistenciales y económicas para ellas.

Un plan de choque contra la inmigración ilegal

En este sentido, se aprobará un plan de choque inmediato contra la inmigración ilegal y la creciente inseguridad. Dicho plan incluirá la colaboración documental necesaria con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para la identificación de personas en situación ilegal en las islas. «Exigiremos en todas las normas y convocatorias para el acceso a subvenciones y ayudas del Gobierno de las Islas Baleares la acreditación de la residencia legal y no únicamente el certificado de empadronamiento. Suprimiremos cualquier ayuda pública a las organizaciones que colaboren con las mafias de tráfico de seres humanos», indica el acuerdo.

«Apoyaremos a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado exigiendo que se les proporcionen todos los medios materiales, personales y jurídicos necesarios para garantizar la seguridad y el desempeño efectivo de su trabajo, a fin de reducir la criminalidad de las islas. Aseguraremos el orden público y la seguridad de los barrios».

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