El Gobierno, que tiene el control de la Generalitat tras la aplicación del artículo 155, sigue mirando hacia otro lado ante los lazos amarillos en instituciones públicas.
El Gobierno, que tiene el control de la Generalitat tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución, sigue mirando hacia otro lado ante los lazos amarillos en solidaridad con los golpistas presos, aunque en palabras del ministro de Justicia, Rafael Catalá, lo considere un símbolo «ofensivo».
Tan solo existe la respuesta de la sociedad civil, de grupos de personas contrarias al delirio separatista que se dedican a retirar los lazos o «tunearlos» para «que se imponga la cordura y la concordia a Cataluña».
He pres una humil -literalment- decisió: he posat un llacet groc a la signatura del meu correu electrònic. Això no tindria més importància si no fos perquè treballo a la Generalitat, i he sentit a dir que no ho puc fer.
— Roger Costa (@RogerCosta16) 16 de abril de 2018
Lo último para respaldar a los dirigentes que han llevado a Cataluña a la confrontación ha sido colocar el manido lazo en un correo electrónico laboral. La ocurrencia ha sido de un funcionario público que pese a reconocer que «no se puede hacer», ha dicho que trabaja «al servicio de los ciudadanos de Cataluña y que la mayoría de estos ciudadanos está a favor del fin de las represalias judiciales» contra sus representantes políticos.
Roger Costa, que se ha mostrado dispuesto a «asumir las consecuencias», ha decidido hacer pública esta decisión al considerar que «la posición de los trabajadores públicos» y de sus superiores «está contribuyendo a normalizar excesivamente el 155». «Mi gesto no tendrá ninguna importancia si no se generaliza. Animo a todos los trabajadores a hacer lo mismo», ha finalizado.
La pasada semana, el titular del juzgado de instrucción número 5 de El Vendrell (Tarragona) instó a un abogado a quitarse el lazo amarillo y el presidente del TSJC, Jesús María Barrientos, avaló la decisión dado que «el juez se debe a las partes y a la neutralidad absoluta», y esta decisión «forma parte de las facultades del juez, decidir en qué condiciones deben desarrollarse los actos procesales».
