El Grupo Popular llevará a la Fiscalía Anticorrupción los contratos y subvenciones otorgados «a dedo» por el Gobierno presidido por Manuela Carmena.
El Grupo Popular llevará a la Fiscalía Anticorrupción los contratos, subvenciones y convenios otorgados «a dedo» por el Gobierno presidido por Manuela Carmena a cooperativas con miembros «afines». Según la formación, existen numerosos casos de «relaciones cruzadas» entre los miembros de Ahora Madrid y de Podemos que habrían servido para desviar «más de 20 millones de euros» a «su economía social y alternativa».
Se trata de un conjunto de supuestas irregularidades que llevarán a la Justicia en menos de dos semanas y que desde el Ayuntamiento niegan de forma tajante.
🔴🔴🔴Carmena no lo puede ocultar más. La red existe. ¡¡Se están llevando crudo el dinero de todos los madrileños!!#AlmeidaDirecto #Pásalo pic.twitter.com/ZydMZxq9Yb
— J L Martinez Almeida (@jlmanavasques) 14 de mayo de 2018
El PP lleva más de un año en la investigación, siempre con cautela para evitar defectos de forma en su fundamentación. El portavoz, José Luis Martínez-Almeida, asegura que la corporación municipal «se lo está llevando crudo a costa de todos los madrileños» y añade que «como van a perder las elecciones del año que viene, algún sustento tendrán que tener».
Ciudadanos también ha denunciado esta forma de actuar y asegura que «en Madrid se está generando una red clientelar» y que los contratos «siempre caen en los mismos». «Son puertas giratorias, me da igual que sea capitalismo de amiguetes o anticapitalismo de amiguetes, pero hablamos de clientelismo político», declara su portavoz, Begoña Villacís. Duda de la partida incluida en los Presupuestos municipales de 2018 bajo el nombre «Adquisición de acciones y participaciones fuera del sector público» y cuyo montante es de 86,5 millones de euros, una cifra récord ya que antes se destinaban 3 millones a estas cuestiones.
Pero el Consistorio lo niega todo. El delegado de Economía y Hacienda, Jorge García Castaño, ya calificó el pasado mes de mayo la denuncia de «intento patético y desesperado del PP de tapar sus casos de corrupción» y aseguró que quedaría en nada porque «tanto cuantitativamente como cualitativamente se ha demostrado la idoneidad de la política de contratación municipal» y la portavoz, Rita Maestre, dijo las ayudas eran «una forma de financiación perfectamente legal y regulada».
