El sector agroalimentario español se planta ante Bruselas tras la reciente decisión de la Comisión Europea que, a ojos del campo nacional, supone un nuevo golpe a los productores locales. La institución comunitaria ha dado luz verde a una fórmula que mantiene con vida el acuerdo comercial con Marruecos, permitiendo que las cosechas procedentes del Sáhara Occidental entren en el mercado europeo con aranceles reducidos. Una maniobra que, según las asociaciones agrarias, abre de par en par las puertas a una competencia desleal en plena crisis del sector.
El descontento no se debe sólo al trasfondo económico, sino también al jurídico. Con este nuevo marco, la Comisión sortea las dos sentencias emitidas en octubre de 2024 por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que anulaban el anterior acuerdo con Rabat por incluir productos saharauis sin el consentimiento del pueblo del Sáhara y por incumplir la obligación de indicar claramente su procedencia en el etiquetado. Para el sector agrícola español, se trata de un «traje a medida» que vulnera el espíritu de las resoluciones judiciales.
En este contexto, Marruecos consolida su posición como una potencia agrícola global. Durante la campaña 2024-2025, el país alcanzó un récord histórico con 745.000 toneladas de tomate exportadas a la Unión Europea, valoradas en más de 1.200 millones de dólares. El tomate representa casi un tercio de los ingresos hortofrutícolas del país, situando a Marruecos como el tercer exportador mundial, solo por detrás de México y los Países Bajos. Francia y Reino Unido siguen siendo sus principales clientes, aunque su presencia crece también en España, Bélgica, Suecia, Irlanda y Finlandia, donde hace apenas unos años era prácticamente inexistente.
El panorama para los agricultores españoles es cada vez más sombrío. En la última década, la producción nacional de tomate se ha desplomado un 50%, mientras que la marroquí se ha duplicado. Y la situación amenaza con empeorar si los cultivos del Sáhara comienzan a inundar el mercado europeo bajo el paraguas del nuevo acuerdo. El riesgo no se limita al tomate o al melón —otro de los pilares de la exportación marroquí—, sino que se extiende a todo el sector hortofrutícola.
El problema se agrava porque las campañas agrícolas en el Sáhara coinciden casi por completo con las de Andalucía, Murcia, Canarias y la Comunidad Valenciana, lo que convierte la competencia en una batalla directa. El resultado: precios más bajos, márgenes cada vez más estrechos y una pérdida de rentabilidad que empuja a muchos productores a abandonar el cultivo tradicional del tomate para centrarse en otras hortalizas como el pepino o el calabacín, con las consiguientes alteraciones del equilibrio del mercado.
Desde Rabat, las autoridades celebran el acuerdo como una victoria diplomática y económica. En cambio, las organizaciones agrarias españolas —respaldadas cada vez con más fuerza por otras asociaciones europeas— reclaman medidas de reciprocidad que garanticen igualdad de condiciones. Piden a Bruselas que, si no frena el pacto, al menos exija a Marruecos el cumplimiento estricto de las mismas normas fitosanitarias, medioambientales y laborales que se aplican a los productores europeos.
