El número de cabezas de ganado muertas por ataques de lobo en Castilla y León se ha incrementado un 39% desde su inclusión en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre), con un total de 5.985 en 2024. Esta situación ha elevado hasta los 4,8 millones de euros las indemnizaciones abonadas a los ganaderos, de los que 3,8 corresponden a pagos compensatorios y un millón a responsabilidad patrimonial en ejecución de sentencias de daños.
En rueda de prensa, el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha lamentado que estas cifras sigan incrementándose. De esta forma, ha detallado, se registraron el pasado año 3.973 ataques, un 11% más respecto de a 2023 (3.566 ataques), cifra que casi duplica los 2.694 ataques que había antes de su protección, en 2021, y que era un 47 inferior.
Así, los mencionados 5.985 animales fallecidos por los ataques del cánido suponen un incremento del 8% respecto a 2023 (5.567 cabezas), de un 10% sobre 2022 (5.417 cabezas) y de un 39% respecto al 2021 (4.314 cabezas). Además, en 2024 otras 430 cabezas de ganado fueron heridas por ataques de lobo, frente a las 238 cabezas de ganado heridas en 2023.
En este sentido, el consejero ha arremetido contra el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico al considerar que todos estos números, más las disposiciones europeas aprobadas en el Comité Permanente del Convenio de Berna, «cercan» a un Gobierno al hacer «cada vez más injustificada» su posición de mantener el lobo «fuera de la gestión de las comunidades autónomas».
