En el número 23 de la calle Illa Plana, en Talamanca (Ibiza), los residentes están alarmados desde hace días por la apertura de un centro para menores extranjeros no acompañados (menas). La instalación, gestionada por la Fundación Samu en una urbanización de doce adosados con piscina comunitaria, ha roto la tranquilidad habitual de la zona, según denuncian los vecinos.
El contrato que respalda la actividad de Samu fue adjudicado por el Consell de Ibiza el pasado invierno: 32 plazas para menores inmigrantes, con un presupuesto de 13,2 millones de euros por dos años prorrogables otros dos. Dentro de ese marco se enmarca el piso de Illa Plana, donde ya conviven ocho chicos con al menos dos tutores.
La presidenta de la Asociación de Vecinos de Talamanca, Ana Lledó, expresó su inquietud tras reunirse con responsables del Consell junto al administrador de la comunidad. «Nos dicen que todo es legal y que se ha recurrido a esta fórmula por falta de personal especializado», ha comentado, mostrando indignación por las condiciones de otros trabajadores de la isla.
Uno de los aspectos que más polémica ha generado es la legalidad de la ocupación. La vivienda sólo dispone de una cédula de habitabilidad para siete personas, mientras actualmente residen ocho menores y dos cuidadores. Lledó ha advertido que, de no haber soluciones, podrían organizar protestas vecinales y ha cuestionado si una vivienda unifamiliar puede ser considerada residencia.
El malestar de los habitantes de la zona se centra también en la percepción de inseguridad. Algunos han propuesto instalar cámaras y restringir las actividades dentro de la calle privada. «Aquí no hay infraestructuras para integrar a estos jóvenes, ni autobuses ni servicios básicos», lamentaron, al tiempo que destacaban que los menores deambulan por la urbanización sin ocupación alguna.
A la polémica se suma la crítica por el contraste social: los adolescentes viven en un complejo de alto nivel, con piscina y servicio de catering, mientras muchos trabajadores locales sobreviven en condiciones precarias, incluso en asentamientos. “Esto genera un efecto llamada”, protestaron algunos residentes, que aseguran comprender la situación de los menores pero no el desequilibrio con los jóvenes de la isla que carecen de vivienda digna.
El debate ha alcanzado el plano político. El portavoz de VOX en Ibiza, Héctor Andrés, calificó de insólito que se habilite un centro de acogida en una vivienda particular y manifestó su respaldo total a los vecinos. También responsabilizó al Ejecutivo de Pedro Sánchez de favorecer la llegada de menores en vez de impulsar su repatriación, denunciando además un reparto arbitrario entre comunidades autónomas.
