«Ser es defenderse», Ramiro de Maeztu
el presidente insiste en que no hubo trato de favor

Los datos que Sánchez omite sobre el rescate de Plus Ultra y que contradicen su defensa de Zapatero

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha vuelto a defender al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero durante su comparecencia de este miércoles en el Congreso, convocada para dar explicaciones por los casos de corrupción que rodean al PSOE y al Ejecutivo. Sánchez ha negado cualquier trato de favor en el rescate de Plus Ultra Líneas Aéreas, una operación de 53 millones de euros aprobada en marzo de 2021 y rodeada desde el primer momento de dudas políticas, técnicas y judiciales.

El jefe del Ejecutivo sostuvo ante la Cámara que «no hubo trato de favor» y defendió que el crédito concedido a la aerolínea fue «plenamente legítimo». Su intervención buscó cerrar el flanco abierto por un rescate que afectó a una compañía de peso muy reducido en el sector aéreo español y con vínculos claros con rutas entre España y Venezuela.

Plus Ultra, aerolínea española con capital venezolano, solicitó apoyo financiero para hacer frente a los efectos de la pandemia del covid. El Consejo de Ministros aprobó el 9 de marzo de 2021 una ayuda con cargo al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, gestionado por la SEPI, después de calificar a la compañía como estratégica para España.

La decisión resultó llamativa por la dimensión real de la aerolínea. En ese momento, Plus Ultra apenas operaba un avión. En 2019, justo antes de la pandemia, realizó 823 vuelos, sobre todo a Perú, Venezuela y Ecuador. Esa actividad representaba alrededor del 0,03% del total de operaciones registradas por Aena.

El expediente también destacó por su rapidez. Desde que la compañía formalizó su solicitud hasta que el Consejo de Ministros autorizó el rescate pasaron 189 días. Fue el tercer proceso más rápido de los 74 expedientes que pidieron apoyo financiero al fondo y la segunda aerolínea en recibir dinero público a través de ese mecanismo, por detrás de Air Europa.

El vínculo político de fondo se sitúa en las rutas de Plus Ultra con Venezuela y en el papel atribuido a Zapatero. En enero de 2020, antes de la pandemia, la vicepresidenta del régimen chavista de Venezuela, Delcy Rodríguez, fue recibida en el aeropuerto de Barajas por el entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos; el exasesor Koldo García; y el empresario Víctor de Aldama.

Catorce meses después de aquel episodio, el Gobierno aprobó el rescate de Plus Ultra. Según las informaciones conocidas en la causa, Zapatero se habría reunido con Ábalos para defender la necesidad de inyectar dinero en la aerolínea. El exministro ha afirmado después que se opuso a la operación y que advirtió a Sánchez de que «no era pertinente» porque Plus Ultra «no era una aerolínea consolidada».

Los técnicos del Ministerio de Transportes también observaron problemas en la operación. Según la documentación incorporada al caso, la viabilidad y la situación patrimonial de la compañía ofrecían dudas relevantes. El informe pericial remitido al Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid apuntó que existían «dudas más que razonables» sobre la situación patrimonial de Plus Ultra y sobre el cumplimiento de las condiciones esenciales para acceder a la ayuda pública.

El caso ha recuperado fuerza política por el papel atribuido a Zapatero y por las declaraciones de Aldama. A finales de 2025, el empresario afirmó en el programa Horizonte que Koldo García le había dicho que Zapatero se había llevado diez millones de euros por el rescate y que ese dinero estaría en Panamá. Esa acusación no está acreditada judicialmente, pero ha aumentado la presión sobre el entorno socialista y sobre la explicación oficial del Gobierno.

La defensa de Sánchez se apoya ahora en presentar el rescate como una decisión administrativa ajustada a la ley. Sin embargo, las advertencias previas de Transportes, el papel atribuido a Zapatero, la escasa actividad de la aerolínea y la velocidad del expediente mantienen abierta la principal pregunta política: por qué una compañía de dimensión tan reducida fue considerada estratégica y recibió 53 millones de euros públicos en plena pandemia.

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