La Fiscalía de la Comunidad de Madrid ha revelado en su último informe que los delitos de tortura y otras infracciones contra la integridad moral perpetrados por autoridades y funcionarios públicos han registrado un notable incremento en 2023. En concreto, se ha observado un aumento del 62,7%, con un total de 166 delitos frente a los 102 cometidos en 2022.
Estos datos fueron expuestos durante la ceremonia de Apertura del Año Judicial en la Comunidad de Madrid, que se celebró ayer en el Tribunal Superior de Justicia. Almudena Lastra de Inés, Fiscal Superior de la Comunidad, fue la encargada de pronunciar el discurso inaugural, en el cual también manifestó su esperanza de «volver a la normalidad» tras los efectos de la pandemia y la huelga de los letrados de la Administración de Justicia, quienes ejercieron sus derechos para conseguir mejoras laborales.
En cuanto al desglose de estos delitos, los tratos degradantes han experimentado un incremento significativo, alcanzando un 91,8% más que el año anterior. En 2024 se contabilizaron 65 casos de este tipo de agresiones, en comparación con los 34 de 2023. Además, las torturas propiamente dichas subieron un 54,5%, pasando de 11 en 2023 a 17 en 2024.
No obstante, no se registró ningún caso relacionado con la omisión del deber de impedir torturas por parte de funcionarios o autoridades.
Respecto a los delitos que atentan contra la integridad moral cometidos por servidores públicos, estos han subido un 111%, con 19 casos reportados en 2024 frente a los 9 del año anterior. El acoso laboral también presentó una subida considerable del 51,28%, alcanzando los 59 casos, mientras que el acoso inmobiliario fue el único que disminuyó, con una caída del 33,33%.
Por otro lado, los delitos contra la Administración Pública han mostrado un descenso pronunciado, con una reducción del 69,47%. De manera destacada, la omisión del deber de persecución de delitos por parte de funcionarios disminuyó en un 66,7%, con solo un caso en 2024 comparado con los tres de 2023. Asimismo, los delitos de infidelidad en la custodia de documentos se redujeron en un 75%, pasando de cuatro a un solo caso este año.
En cuanto a otros delitos, como la violación de secretos por particulares, el fraude por parte de funcionarios o autoridades y la negociación prohibida, no se reportaron incidencias en el último ejercicio.
La Fiscalía ha querido recordar que estos datos no solo engloban los casos de tortura clásica, entendida como cualquier acción destinada a obtener confesiones o información, sino también incluyen conductas que afectan la integridad moral de las personas. Esto abarca cualquier comportamiento intimidante, coercitivo o amenazante que no caiga específicamente en la definición de tortura, pero que también afecta gravemente a la dignidad de las víctimas.
