Las fuerzas de seguridad han reforzado su presencia en las áreas más afectadas de Valencia para evitar saqueos, una medida que se intensificará debido al aumento de los detenidos, que ya ascienden a 75. De estas detenciones, cincuenta han sido realizadas por la Policía Nacional y catorce por la Guardia Civil. Este esfuerzo responde a la preocupación por mantener el orden en una región devastada.
Entre los detenidos se encuentran personas acusadas de aprovechar el caos para robar vehículos abandonados por sus dueños que intentaban escapar de las inundaciones. En un caso reciente, la Policía arrestó a cuatro personas por el saqueo de estos coches y a otros cinco implicados en el robo de una joyería ubicada en el centro comercial Bionaire de Aldaya. La Fiscalía ha solicitado prisión preventiva para todos ellos, y los jueces podrían seguir esta línea para asegurar que no se repitan estos actos de pillaje. Dependiendo de la gravedad de cada caso, se les podría acusar de hurtos o robos con fuerza, lo que acarrearía penas de tres a cinco años en su grado máximo.
El enorme despliegue de las fuerzas de seguridad en Valencia enfrenta, sin embargo, retos logísticos considerables. La extensión de las zonas afectadas y el mal estado de las carreteras dificultan el acceso a ciertos puntos, lo que permite a algunos criminales aprovechar estos vacíos para irrumpir en locales comerciales, supermercados y viviendas. Al mismo tiempo, buena parte de los recursos siguen siendo destinados a la asistencia de la población damnificada.
A pesar del esfuerzo, el dispositivo desplegado parece insuficiente frente a la magnitud de la crisis. Los sindicatos policiales y asociaciones de la Guardia Civil han expresado su interés en colaborar más estrechamente y aportar sus propios medios. No obstante, expertos en gestión de crisis insisten en que los recursos deben ser coordinados por el centro de mando responsable, quienes manejan toda la información y pueden tomar las decisiones más adecuadas.
