El mayor escándalo de corrupción de la democracia en España, el caso ERE, ha vuelto a la palestra y esta vez ha salpicado a la ya ex directora socialista de la Guardia Civil, María Gámez, que ha presentado su dimisión. Su marido, Juan Carlos Martínez, está siendo investigado por su presunta prevaricación, malversación y blanqueo de capitales de dinero público de la Junta de Andalucía. El pasado 16 de marzo, el juez Ignacio Vilaplana, del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, decidió citarle como imputado. En la providencia en la que lo acordó, se daba un paso adelante en la investigación que hasta ahora había impulsado la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía.
La investigación se encuadra en una pieza de la macrocausa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos financiados con fondos de la Junta de Andalucía en la etapa del PSOE. En un informe que la unidad investigadora de la Policía Nacional entregó al Juzgado sevillano, se apuntó a que la consultora administrada por la pareja de María Gámez, Job Management Liberty SL, recibió ingresos de empresas, clientes suyos, que previamente habían percibido «cuantiosos» fondos y ayudas, de la Junta de Andalucía. Él había ejercido previamente de asesor de los consejeros de Obras Públicas y Transporte e Innovación, Ciencia y Empresa del Gobierno andaluz, de ahí que los investigadores interpretaran los pagos como un posible «mecanismo de retribución» irregular posterior a la concesión de dichas ayudas.
La investigación que afecta al marido de Gámez surgió como una rama de la causa de Santana Motor, la empresa automovilística nacionalizada por la Junta de Andalucía que cerró en 2011 tras «dilapidar» casi 137 millones de euros de fondos públicos. El presidente de Santana Motor era Bienvenido Martínez, que está procesado por la concesión a esta factoría de Linares de un préstamo reembolsable de 36,1 millones de euros aprobado en el Consejo de Gobierno de la Junta el 15 de diciembre de 2009. La Agencia IDEA, Innovación y Desarrollo de Andalucía, nunca tuvo intención de recuperar el dinero entregado a Santana, «dada la situación de insolvencia y crisis financiera en que se encontraba dicha entidad desde hacía años».
El hermano del marido de Gámez, Bienvenido Martínez, también resultó imputado en la providencia del pasado 16 de marzo. Desde Santana Motor de Linares (Jaén), se habrían desviado fondos de ésta a otra compañía suya, Experience Management Group. Bienvenido Martínez también era directivo de la agencia autonómica IDEA, la entidad que concedía préstamos, avales y toda clase de ayudas a las empresas que, después de que él dejara la Administración, contrataban servicios de asesoramiento técnico con su consultora recién creada, o con la del esposo de la exdirectora de la Benemérita. El cuñado de Gámez recibió fondos por más de 1,3 millones de euros entre 2009 y 2011, en parte procedentes de organismos en los que ocupaba cargos públicos.
La socialista María Gámez, y primera mujer en ponerse al frente de la Benemérita, compró junto a su marido, un ático dúplex en el centro de Málaga valorado en un millón de euros, según el periódico El Debate. El año de la adquisición, 2012, es clave para la investigación judicial a su esposo, ya que ese año recibió de manera irregular importantes subvenciones públicas.
Según el Registro de la Propiedad, la ex jefa de la Benemérita adquirió un ático de 170 metros cuadrados el 12 de junio de 2012. Las escrituras del piso revelan que el inmueble cuenta con recibidor, salón-comedor, tres dormitorios, tres baños, cocina y un lavadero. La vivienda tiene una escalera de caracol que da acceso a una amplia terraza de 88 metros cuadrados de superficie con vistas al mar.
Este mismo periódico revela la existencia de otro inmueble en Málaga que se abonó su importe al contado. El pago de este segundo piso coincide con los ingresos de 3,1 millones de euros de su marido. El piso fue comprado al contado por parte de Gámez el 2 de julio de 2020. Es decir, en plena pandemia. Concretamente once días después de que finalizara el primer estado de alarma decretado por el Gobierno. En el momento de la compra, Gámez llevaba seis meses como jefa de la Benemérita. Según el Catastro, se trata de un apartamento de 85 metros cuadrados ubicado junto a la Avenida de Velázquez, en el centro de la ciudad de Málaga.
El portavoz del Gobierno de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, ha señalado que la dimisión de la directora de la Guardia Civil, María Gámez «es un coletazo más de otro caso de corrupción socialista en Andalucía». «Nosotros no podemos más que respetar los procedimientos judiciales, esperar a que los tribunales se pronuncien y dictaminen sentencia, y alegrarnos, no solo como Gobierno andaluz, sino como andaluces, de que todo eso forma parte del pasado», ha señalado el también consejero de Medio Ambiente.
En esa misma línea se ha mostrado Manuel Gavira, portavoz del grupo parlamentario de VOX en Andalucía, quien ha manifestado que, desde su formación, «creemos que la investigación debe llevarse hasta el final para esclarecer estos presuntos graves delitos». «VOX cree que es lamentable que los ERE manchen el buen nombre de la institución mejor valorada en España, y que como desde el Cuerpo dicen, cuando se encuentra un garbanzo negro lo mejor es eliminarlo cuanto antes». Asimismo, ha recordado que «la tercera fuerza política en Andalucía lleva pidiendo desde hace tiempo que se devuelva el dinero de los ERE robado al erario público».
María Gámez es hija de un farero, nació en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) en 1969. Es la menor de 11 hermanos y ha estado ligada a Málaga desde bien pequeña, donde se licenció en Derecho. Fue delegada de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía en la capital de la Costa del Sol en 2004. Cuatro años más tarde ascendió a máxima representante del Gobierno andaluz en la provincia. Fue candidata del PSOE a la alcaldía de la capital en 2011 y 2015. Tuvo un impasse fuera de la política, volviendo a su puesto de funcionaria, hasta que en 2018, tras la moción de censura que aupó a Pedro Sánchez a la Moncloa, fue nombrada subdelegada del Gobierno en Málaga. Allí entabló una fuerte relación con Marlaska, sobre todo a raíz del caso de Julen, el pequeño que quedó atrapado en un estrecho pozo en la localidad de Totalán.
