La ley trans de Andalucía, aprobada en 2014, fue la pionera en España. Se inspiró en las recomendaciones del Parlamento Europeo sólo emitidas dos años antes. La normativa se llama oficialmente, tal y como aparece en el BOE, «ley integral para la discriminación por motivos de identidad de género y reconocimiento de los derechos de las personas transexuales de Andalucía». Gracias a ella, cualquier residente en la comunidad autónoma, pongamos por caso un noruego prejubilado en Cádiz, puede pedir una intervención quirúrgica para «reasignar su género» a coste cero. Se votó a favor el 25 de junio de 2014 por unanimidad por el Gobierno entonces del PSOE e Izquierda Unida y con el apoyo del Partido Popular, teniendo los dos primeros mayoría suficiente para sacarla adelante.
En ella se habla del «derecho de la autodeterminación de género» y de «despatologizar la transexualidad». A diferencia de la ley de Irene Montoro, al menos impone la mayoría de edad, para «poder modificar, en su caso, mediante los recursos sanitarios disponibles el propio cuerpo para conseguir una apariencia lo más congruente posible con el sexo-género con el que se identifica». Se jacta de que en Málaga se abrió las puertas de la primera unidad hospitalaria especializada en nuestro país sobre este tema. Entiende la identidad de género como «la vivencia interna e individual del género tal y como cada persona lo siente, que puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento». Aquí da por hecho que el sexo se asigna al nacer y no viene predeterminado bastantes meses antes.
El capítulo más polémico es el cambio de sexo en el servicio público de salud, conocido como el Servicio Andaluz de Salud: «Proporcionará al proceso de reasignación de género la cartera básica de sus servicios. La fase de reasignación quirúrgica será prestada para personas mayores de edad». Se incluyen entre las ofertas gratuitas los «tratamientos que tiendan a la modulación del tono y del timbre de la voz, por cuanto no constituyen para las personas transexuales una cuestión estética o cosmética, sino su correspondencia y adecuación a su identidad de género». «Habrá –continúa la ley– indicadores de seguimiento sobre los resultados de los tratamientos, complicaciones y reclamaciones surgidas». Por último, hay que destacar la inclusión «a los transexuales en programas de inserción laboral de los colectivos con especial dificultad en el acceso al empleo».
La ley trans de Andalucía, firmada por la expresidenta de la Junta, Susana Díaz, conlleva determinaciones específicas en el SAS. También para la Consejería de Educación y la propia administración. Reconoce que hay una desigualdad entre hombres y mujeres trans, ya que en su artículo 6 advierte de que «procurará protección especial a las mujeres transexuales, por el riesgo añadido de acumular múltiples causas de discriminación». No menos llamativo es el párrafo donde afirma que «asegurará a los medios de comunicación de titularidad pública y privada que promuevan el conocimiento de la realidad transexual». Invade de esta manera la libertad de empresa y de expresión de los medios de capital privado, si bien es cierto que no se conocen casos de intrusismo o de denuncias.
Para las universidades de Andalucía esta ley de 15 páginas, «fomentará la formación e investigación de la autodeterminación de género con estudios sociológicos, planes de formación y empleo para los transexuales y mayor integración en el ámbito cultural y deportivo». En los centros educativos los trans tienen derecho a «mostrar los rasgos distintivos de la personalidad que suponga el cambio y la evolución de su proceso de identidad y género, debiéndose respetar su imagen física, la elección de su indumentaria y el acceso y uso de las instalaciones del centro conforme al género elegido». Queda por tanto sobreentendido que aquí se incluyen los vestuarios y los servicios. Por si fuera poco y teniendo en cuenta que la mayoría de las residencias tanto concertadas como privadas son mixtas, se especifica que «las personas transexuales mayores tendrán derecho al acogimiento en residencias adecuadas a su identidad de género». Es decir, que no se descarta que pueda haber centros sólo para trans.
Cabe recordar que el pasado 9 de marzo el grupo parlamentario de VOX en Andalucía, a través de una pregunta de su portavoz, Manuel Gavira, en el Pleno de la Cámara, al presidente de la Junta, Moreno Bonilla, sobre si pensaba derogar esta Ley, la respuesta fue que no. El jefe del Ejecutivo andaluz dejó bien claro, tras el argumentario de Gavira que Ayuso sí había iniciado ya los trámites para terminar con ella, que «Madrid es Madrid y Andalucía es Andalucía» y «el respeto que le merecían las minorías». También acusó a la tercera fuerza política en la región de tener «una intención ideológica» al proponer su supresión. El portavoz de VOX le recordó las contradicciones del Partido Popular, «que promete unas cosas y luego hace otras, en perjuicio incluso de sus propios votantes». Y terminó poniendo el ejemplo del nuevo líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que tras haber dejado libertad a sus barones territoriales sobre este polémico asunto, estaba dispuesto a acabar con la recién aprobada por la ministra de Igualdad, Irene Montero.
La formación de Abascal ha pedido ya desde hace dos semanas la cifra por provincias de personas operadas en Andalucía por la sanidad pública y aún está esperando la respuesta. Cabe recordar que la región sufre largas listas de espera de enfermos en su Sanidad. Lo que no sabemos es si eso se da en la «reasignación de género», donde no hace falta un informe psicológico que lo avale, ni si se tiene en cuenta la posible objeción de los médicos.
