«Ser es defenderse», Ramiro de Maeztu
Consideran que su situación está generando un «daño intolerable» a la institución

Los fiscales se revuelven contra García Ortiz y exigen su «imprescindible» renuncia por su «actitud impropia» ante el juez

El Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz. Europa Press

Un grupo de hasta 13 fiscales de la Junta de Fiscales de Sala han solicitado la dimisión de Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado, tras su declaración como imputado en el Tribunal Supremo por un presunto delito de revelación de secretos. En una carta dirigida al propio García Ortiz, los firmantes consideran que su permanencia al frente de la Fiscalía General es insostenible y que su situación está generando un «daño intolerable» a la institución.

El documento subraya la preocupación de los fiscales por la actitud de García Ortiz ante el proceso judicial en su contra. Critican especialmente que, durante su comparecencia ante el magistrado instructor Ángel Hurtado, se negara a responder a las preguntas del juez, lo que consideran una conducta impropia del jefe del Ministerio Público en un Estado de Derecho.

Entre los firmantes del escrito se encuentran dos exfiscales generales del Estado: Consuelo Madrigal (2015-2016) y María José Segarra (2018-2020), esta última miembro de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), la misma asociación a la que pertenece García Ortiz. También han suscrito la carta fiscales de alto perfil como Javier Zaragoza, Jaime Moreno, Fidel Cadena, Rosa Ana Morán, Javier Huete, Antonio Narváez, Manuel Moix, Elvira Tejada, Pilar Martín Nájera y José Miguel de la Rosa.

En la misiva, los fiscales sostienen que desde la última reunión de la Junta de Fiscales de Sala, han surgido «nuevos hitos en la causa que hacen imprescindible su renuncia». La crisis se ha agravado por la postura del fiscal general, quien ha insistido en que el juez que instruye el caso «parte de una certeza que le impide descubrir la verdad». Además, ha defendido que la entrada y registro de su despacho, medida que la Fiscalía ha recurrido, constituye una violación de sus derechos fundamentales.

Por otro lado, la fiscal encargada del procedimiento, María Ángeles Conde, ha respaldado a García Ortiz al negarse a formular preguntas tanto a él como a la otra imputada en el caso, Pilar Rodríguez. Conde argumenta que la causa se basa en un registro ilegal, lo que a su juicio supone una «conexión de antijuricidad» que invalida el proceso.

+ en
Fondo newsletter