Modificación normativa para que los bancos no puedan deducirse el impuesto de actos jurídicos documentados y un paso más en la exhumación de Franco del Valle de los Caídos. Así ha transcurrido el Consejo de Ministros.
El Gobierno ha aprobado una modificación de la normativa del impuesto de sociedades para que las entidades financieras no puedan deducirse el impuesto de actos jurídicos documentados (AJD) de las hipotecas, que a partir de ahora tendrán que asumir.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha explicado durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que este cambio normativo acompañará a la propia modificación del artículo 29 del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados para que la banca asuma el impuesto.
Montero ha justificado la urgencia de estos cambios por la «confusión» generada después de que el Tribunal Supremo dictaminara que son los ciudadanos quienes tienen que abonar el impuesto, pese a que previamente lo había asignado a la banca.
El decreto tiene como «único» objetivo «que los ciudadanos no tengan que pagar más este impuesto, que ahora pagarán los bancos», ha añadido, y si no se ha planteado su eliminación, ni siquiera en aquellas comunidades autónomas donde gobierna, ha explicado la ministra, es porque aporta unos 2.000 millones de euros a las arcas públicas, que se destinan a Sanidad, Educación y Dependencia.
Los que abogan por su eliminación tendrán que plantear qué instrumentos alternativos ofrece para estos recursos, o habrá que «pensar» que quieren «limitar» el Estado del bienestar.
La rectificación del Supremo sobre una sentencia suya anterior «generó una gran alarma social e inseguridad jurídica en los ciudadanos y en el mercado hipotecario», ha dicho Montero, y el Gobierno, «desde el respeto a la justicia y a la separación de poderes», lamenta el cambio de criterio.
Pero, como dijo el presidente Sánchez, «ayer habló el poder judicial y hoy lo hace el Gobierno», que tiene que garantizar la seguridad jurídica del mercado hipotecario, dos cuestiones que quedaron en entredicho estas ultimas semanas.
La urgencia de la medida se justifica por la confusión generada con la controvertida sentencia y la necesidad de clarificar en el futuro la normativa acerca del sujeto pasivo de este impuesto.
El cambio fundamental afecta a un párrafo en el artículo 29 de la ley, que establece que cuando se trate de un préstamo con garantía hipotecaria, se considera sujeto pasivo al prestamista, «así no deja lugar a dudas».
El texto modifica también el artículo 15 de la ley del impuesto de sociedades, para dejar claro que el gasto no será deducible por el prestamista.
Montero ha confirmado también que el Ministerio de Economía anunciará en unas semanas la puesta en marcha de una autoridad para evitar que las entidades financieras apliquen cláusulas abusivas para contrarrestar el pago del impuesto.
Asimismo, confía en «no tener dificultades para su convalidación», ya que la mayoría de los grupos políticos se han mostrado partidarios de la defensa del consumidor.
La detención del francotirador
Celaá se ha referido también a la detención de un hombre que había anunciado su intención de matar al presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y ha hecho un llamamiento a la serenidad y la prudencia, tras calificar la cuestión de ‘hecho aislado’. Ha añadido, además, que todos los gobiernos en todas las épocas han vivido incidentes de esta naturaleza.
Un episodio que ahora está en el ámbito judicial, ha recordado Celaá, quien ha dicho comprender el «interés mediático que pueda tener la noticia», pero que ha recalcado la necesidad de mantener la serenidad.
Los Mossos anuncian hoy la detención ‘hace semanas’ de un tirador que habló de matar a Sánchez
«No conocemos más del caso y la relación con los Mossos es correcta. Hemos sabido de manera correcta las actuaciones», ha añadido.
En el mismo Consejo de Ministros se ha tratado la ‘cuestión administrativa’ para la exhumación de Franco del Valle de los Caídos y la propia Celaá ha asegurado que ‘a principios de 2019 España no tendrá un lugar de exaltación pública de un dictador’.
Según ha explicado la portavoz del Gobierno, el Ejecutivo ha encargado a la ministra de Justicia, Dolores Delgado, que remita al Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, del que depende el Valle de los Caídos, el proyecto necesario para llevar a cabo la exhumación, cuya redacción ha de encargarse a los servicios técnicos de Patrimonio Nacional.
La ministra de Justicia solicitará asimismo a la Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad de Madrid, el organismo competente en la comunidad en materia de sanidad mortuoria, un informe sobre el proceso de exhumación, que no es vinculante y deberá estar concluido en el plazo de un mes.
«Esta fase deberá ser completada en un mes», ha remarcado Celaá quien ha hecho hincapié en que, dentro del objetivo del Gobierno para que el proceso de exhumación sea «muy garantista», se dará de nuevo diez días de plazo a las partes afectadas para la presentación de alegaciones, trámite a partir del cual «se concluirá finalmente el procedimiento».
Aunque no lo ha precisado en ningún momento de la rueda de prensa, el Gobierno tiene intención de impedir la voluntad expresada por los nietos de Franco para que el dictador sea enterrado en la Almudena, mediante las enmiendas que el PSOE ha presentado a la reforma de la Ley de Memoria Histórica, que continúa su tramitación parlamentaria. El PSOE registrará la próxima semana al menos dos enmiendas que «dejarán claro» que los restos de Franco no pueden ser inhumados en la Almudena, una vez exhumados del Valle de los Caídos, según fuentes socialistas.
El objetivo es, además de evitar que los restos de Franco sean inhumados en la cripta de la Almudena, prohibir el enaltecimiento de la dictadura en espacios públicos «sea cual sea su titularidad». Para los titulares de los espacios que consientan ese enaltecimiento la ley recogerá distintas sanciones, que irán desde multas económicas al cierre temporal o definitivo de dichos espacios, según fuentes socialistas.
Preguntada por si el Ejecutivo va a esperar a la tramitación de la ley para proceder a la exhumación, la ministra portavoz ha dejado claro que no se «ha establecido ninguna secuencia entre la exhumación y la inhumación», que se «está trabajando» en el proyecto de ley y el Gobierno considera «que una cuestión llegará a ajustarse a la otra».
«No hemos subordinado de ninguna manera la exhumación a la inhumación, pero comprenderán que haremos lo posible para que sea coherente un movimiento con el otro», ha insistido Celaá quien sí ha dejado claro que «el año 2019 arrancará sin contar España con un dictador que puede ser enaltecido en un lugar público».
Al término de la rueda de prensa, la portavoz ha vuelto a remarcar que «el Gobierno de España no va a permitir que un dictador siga ocupando un lugar público que se preste al enaltecimiento. Y eso con la ley en la mano y todas las declaraciones del Parlamento europeo y toda la legislación española».
