Los guardias civiles destinados en Ibiza denuncian las lamentables condiciones que sufren porque no pueden pagar un alquiler.
En un vídeo que se ha viralizado en la redes sociales, un guardia civil afirma que hace su día a día en un descampado. «Apenas unos 80 centímetros de cama, pero esto es lo que me puedo permitir. Mi situación, mis tres niñas, aquí, con una hipoteca, con un préstamo, el sueldo no nos llega para más. No sé quién me puede explicar que con nuestro sueldo podemos pagar un alquiler en Ibiza, que es imposible, que es inviable, para nuestro nivel económico», afirma.
La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha criticado la dejadez y la falta de interés del Ministerio del Interior ante «la alarmante situación a la que se ven sometidos los agentes» por la falta de una vivienda asequible en el archipiélago balear. «Pedimos que busque soluciones urgentes a través de hoteles, de forma provisional, para que los agentes puedan hospedarse sin complicaciones en la zona y de esta manera puedan desempeñar sus funciones profesionales sin que las condiciones personales les afecten», ha afirmado en un comunicado.
«Reclamamos un aumento de la insularidad para los guardias civiles destinados en Baleares y un aumento en la dieta para los agentes que vienen en apoyo en comisión de servicio», ha manifestado la AUGC, al tiempo que ha incidido en la necesidad de «habilitar viviendas» para que los agentes allí destinados puedan hospedarse sin un «sacrificio personal».
La nueva Ley de Vivienda da facilidades a los okupas
El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves la Ley de Vivienda con un respaldo de 176 votos. En concreto, el texto ha contado con el voto a favor de PSOE, Unidas Podemos, Esquerra Republicana (ERC), Bildu, Más País, Compromís, el PRC y Teruel Existe, mientras que el BNG se ha abstenido.
La norma, que pasará ahora al Senado para su último trámite, con el objetivo de que entre en vigor antes de las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo, da facilidades a los okupas —al dilatar en el tiempo los procesos de desahucios— frente a los legítimos propietarios, que deberán garantizar que no son grandes tenedores y justificar en la demanda de desahucio si la vivienda es el domicilio habitual o no del okupa. En este sentido, la ley aumenta la inseguridad jurídica del arrendador para recuperar su vivienda.
