La invasión migratoria que vive Ceuta ha golpeado también a los jueces, que han solicitado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) nuevos refuerzos ante el fuerte incremento de procedimientos que están llegando a los tribunales de la ciudad autónoma. Según fuentes del Consejo citadas por El Confidencial, los asuntos penales se han disparado hasta situarse un 800% por encima del volumen habitual tras las entradas masivas registradas los días 30 y 31 de julio.
Uno de los ámbitos que más preocupa es el de los delitos sexuales. Desde el pasado 5 de agosto se han abierto nueve diligencias previas por agresiones sexuales, ya sea a raíz de atestados policiales o de informes médicos. Esa cifra representa el 56,25% de todos los procedimientos de este tipo registrados durante el año en Ceuta. Fuentes judiciales resumen la situación asegurando que se está produciendo «una agresión sexual por día».
El número, además, podría aumentar considerablemente. Los juzgados están recibiendo numerosos partes procedentes de los servicios de urgencias y atestados policiales correspondientes a episodios en los que todavía no existen detenidos ni personas citadas. Las fuentes consultadas sostienen que las denuncias por ataques sexuales y violaciones se han convertido en una constante durante las últimas semanas.
La presión no se limita a este tipo de delitos. Los órganos judiciales también han constatado un fuerte aumento de las actuaciones relacionadas con robos con violencia, resistencia y atentado, además de agresiones físicas y amenazas. Buena parte de los procedimientos requieren asimismo intérpretes debido a la intervención de ciudadanos extranjeros como investigados, víctimas o testigos. Sin embargo, el servicio de guardia dispone únicamente de un intérprete, que debe compatibilizar las traducciones con otras gestiones urgentes.
A este volumen de causas se añade la tramitación judicial de las muertes producidas durante los días de mayor presión migratoria. Según los datos trasladados por los jueces ceutíes al CGPJ, desde el 30 de julio se han recuperado 94 cadáveres de inmigrantes ahogados. Muchos de los fallecidos carecen de documentación, lo que obliga a realizar gestiones adicionales para tratar de identificarlos y ralentiza unos expedientes que deben tramitarse con medios humanos limitados.
Los magistrados también han advertido de las dificultades para gestionar los cuerpos recuperados en las costas debido a la falta de instalaciones adecuadas, una carencia que califican de «endémica». La acumulación simultánea de procedimientos penales, levantamientos de cadáveres, identificaciones y demás diligencias ha llevado a los órganos judiciales de la ciudad a reclamar medidas extraordinarias.
Especialmente delicada es la situación del área de Violencia sobre la Mujer. Aunque actualmente ya dispone de apoyo, los jueces consideran imprescindible incorporar un refuerzo adicional para hacer frente al crecimiento de asuntos. También han solicitado un servicio urgente de tasación pericial de bienes ante la proliferación de procedimientos relacionados con delitos contra el patrimonio.
Ante estas peticiones, el CGPJ considera necesario reforzar tanto los turnos de guardia de los juzgados de instrucción como los órganos especializados en violencia sobre la mujer. El Consejo ha comunicado esta posición al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla y al presidente del Tribunal de Instancia de Ceuta para que planteen formalmente la petición de nuevas plazas.
Los jueces advierten, además, de que la sobrecarga podría prolongarse durante los próximos meses mientras continúen en Ceuta miles de personas llegadas durante la crisis migratoria. La situación ha convertido así el funcionamiento de la Justicia en otro de los servicios públicos sometidos a una presión extraordinaria desde finales de julio.