El cuerpo se encuentra dividido tras los cambios políticos de los últimos meses que han situado a separatistas en cargos de responsabilidad de los Mozos
Los Mozos de Escuadra tienen un total de 17.000 agentes. De ellos, solamente 300 están afiliados a la sectorial de la ANC de los Mossos d’Esquadra, la asociación abiertamente separatista de la policía regional catalana. Un dato que haría más que imposible que el cuerpo policial pudiera tener posibilidades de bloquear la aplicación del artículo 155. Sin embargo, los números no son tan sencillos de hacer.
Fepol (Federación de Profesionales de la Seguridad Pública) es el sindicato mayoritario de los Mozos. Agrupa casi a un tercio de los miembros en plantilla. Hace unas horas su portavoz, Valentín Anadón, explicaba que la aplicación del 155 es un escenario indeseable. No se ha posicionado abiertamente con el enfrentamiento directo a su aplicación, pero se muestran molestos con que se decrete esta medida. Del mismo mod ha asegurado que “velaremos para que no se extralimite esta medida”. Una afirmación que puede causar preocupación en la sociedad.
Su principal rival en número de afiliados, el Sindicato de Mossos d’Esquadra (SME), cuyo portavoz es Toni Castejón, asegura que el escenario del decreto del artículo 155 no es el que les gustaría haber vivido, pero que «Dentro de la legalidad, las opciones que se usen pueden gustar más o menos pero son las que son (…) Nosotros somos policías y la policía responde a la legalidad y a la estructura jerárquica que haya».
Así se manifiestan tres de los representantes asociativos de la policía autonómica, algo que no tiene por qué reflejar el sentir de los agentes, pero que indica que sus miembros están divididos y que puede haber algunos que sientan la tentación de enfrentarse a la situación que atravesará Cataluña en los días siguientes al pleno del Senado del próximo 27 de octubre, cuando entre en vigor la aplicación del 155.
La división no se encuentra solamente entre los agentes. En los últimos meses, se han realizado varios cambios en la dirección política de los Mozos para situar a personas que están abiertamente comprometidos con el separatismo.
El pasado mes de julio, el consejero de Interior Jordi Jané fue sustituído por Joaquim Forn. La razón fue que el primero de ellos se negó ante Carlos Puigdemont a dar órdenes que fueran contra la ley, tomando como base de la legalidad el Estatuto de Autonomía y la Constitución. El relevo supuso la entrada de un nuevo consejero totalmente volcado hacia las tesis separatistas.
A la vez se destituía a Albert Batllé del cargo de Director de los Mozos. En su lugar era nombrado el abogado Pere Soler, de toda confianza del núcleo duro separatista impuesto por Puigdemont.
Por debajo se encuentran los agentes del cuerpo. El actual Mayor, máximo cargo en la escala policial, es José Luis Trapero. De su adhesión al separatismo queda poco duda. Se encuentra encausado en dos procedimientos judiciales por su actuación contra las órdenes de la Justicia. Uno por no haber colaborado en los registros y detenciones ordenadas el día 20 de septiembre y el otro por no haber impedido la consulta ilegal del pasado 1 de octubre.
Por debajo se encuentran los 23 comisarios que tiene el cuerpo. Hasta enero de 2017 eran 15, pero ante la inseguridad del Ejecutivo separatista de tener controlados a los existentes, decidió ampliar el número para tener controlado a los agentes.
Los intendentes -que suman 43- son el siguiente escalafón en la escala, seguidos de los 133 inspectores, los 401 subinspectores, 924 sargentos, 2.619 cabos y 12.648 agentes. De todos estos efectivos es imposible conocer cómo actuarán en caso de que el actual Gobierno regional de Puigdemont persista en su desafío para romper España.
Si sabemos que hay unidades que son más próximas a la decisión de manetener la legalidad. Entre ellas se encuentran los miembros de la Brigada Móvil (Brimo) -los antidisturbios del cuerpo- que llevan desde el pasado 1 de octubre contactando con los miembros de la Policía Nacional y la Guardia Civil para manifestarles su oposición a la decisión de no acatar las leyes que les han impuesto sus mandos.
Entre los grupos más especializados, como los GEI (Grupo Especial de Intervención) -el grupo de operaciones especiales- tampoco ven con buenos ojos la ofensiva separatista y la necesidad de variar su funcionamiento y su obediencia a la Ley. En los últimos días han rechazado su intento de utilización para dar seguridad a Puigdemont y señalan que la obligación de la policía sería la de entregar al presidente en caso de orden de detención tras la declaración separatista.
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