El pasadizo que unía de manera subterránea y clandestina Marruecos con Ceuta no sólo habría servido para el trasiego de drogas, sino que también podría haber sido utilizado en determinados momentos para introducir de forma ilegal a personas en territorio español. Así lo apuntan distintas fuentes jurídicas y vinculadas a investigaciones sobre narcotráfico, que sostienen que este tipo de infraestructuras no eran exclusivas para el movimiento de estupefacientes.
De hecho, varios especialistas consultados por La Razón coinciden en que no se trataba de un caso aislado, sino de una práctica más extendida dentro de redes criminales. Según explican, además de sustancias ilegales, estos pasadizos subterráneos también habrían facilitado el transporte de armas e incluso de inmigrantes que pagaban grandes sumas de dinero a las organizaciones. Esta hipótesis encaja con sospechas de fuentes policiales, que recuerdan episodios recientes en los que aparecían inmigrantes sin que se pudiera reconstruir con precisión la ruta de entrada, lo que alimenta la idea de que estas galerías podían tener múltiples usos ilícitos.
Mientras tanto, la investigación continúa bajo secreto y trata de esclarecer todos los detalles del entramado. Los agentes creen que la estructura comenzó a operar tras el cierre de la nave industrial del polígono del Tarajal en la que se localizó el acceso al túnel, un inmueble que anteriormente albergaba una empresa de marmolería. Ahora se intenta determinar si el actual titular del negocio guarda relación con la organización delictiva.
El caso salpica ya a cerca de una treintena de personas, cada una con funciones concretas dentro de la red, desde la logística y planificación hasta el almacenamiento y transporte de la droga, según recoge un informe de la Unidad de Droga y Crimen Organizado (Udyco). Las escuchas telefónicas han permitido identificar como supuesto cabecilla a Mustapha Chairi Brouzi, conocido entre los investigadores como el «rey de los túneles».
De acuerdo con las pesquisas, este individuo habría impulsado la construcción de una infraestructura especialmente compleja, con varios niveles y equipada con sistemas de poleas y grúas capaces de mover hasta ocho toneladas mensuales de estupefacientes. Los investigadores subrayan que su grado de sofisticación supera al de otro túnel detectado el año anterior por la Guardia Civil, pese a que ambos se encuentran a escasa distancia. Además, una de las claves del caso es la presunta implicación de un antiguo agente del instituto armado en la operativa.
En el ámbito judicial, la causa ha pasado a manos de la Audiencia Nacional después de que el juzgado ceutí que la instruía inicialmente se declarara incompetente por la dimensión de los hechos. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 ha asumido provisionalmente el procedimiento y ha ordenado la apertura de una pieza separada para avanzar en nuevas diligencias solicitadas por la Fiscalía, mientras las pesquisas siguen avanzando.
