El peor de los escenarios para Sánchez es de, al menos, un año más en el poder. Aprobada casi toda la batería de leyes ideológicas (trans, aborto, sólo sí es sí, eutanasia, memoria democrática, Zerolo…), la rebaja de la malversación y el fin de la sedición, el Gobierno ha blindado el Tribunal Constitucional para garantizar que los recursos contra sus leyes no tengan casi opciones de prosperar.
Superados estos obstáculos y garantizado el apoyo de los partidos separatistas, Sánchez afronta el último curso antes de las próximas generales con los deberes hechos. ¿Qué le queda por hacer? Seguir pagando la factura a sus socios separatistas (de Junqueras a Otegui) que le han llevado en volandas, ley a ley, hasta aprobar los presupuestos generales de 2023. Un precio carísimo, desde luego, que ya comenzó a abonar a costa de la libertad y bienestar de los españoles con el indulto a los golpistas catalanes, la excarcelación de etarras o la transferencia de las competencias penitenciarias y la gestión de la seguridad social al País Vasco.
Los más optimistas sostienen que se trata de una legislatura más con el mercadeo propio del bipartidismo que, cada cuatro años, debilita al Estado hasta hacerlo casi desaparecer en algunas regiones de España. Los pasos que va dando Sánchez, sin embargo, demuestran que no tiene límites y que, si él no tiene más plan que la supervivencia, sus socios sí tienen muy claro el suyo: la independencia.
El Gobierno, por tanto, avanzará este año en los siguientes campos:
–Balcanización. El Ejecutivo apenas disimula el cambio de régimen impulsado junto a sus socios separatistas. La nueva magistrada del Constitucional, María Luisa Segoviano, dice que la autodeterminación es algo complejo que hay que estudiar. No es un lapsus como tampoco lo fue el del exministro de Justicia –también recién llegado al TC–, Juan Carlos Campo, cuando aseguró en la sesión de control del 10 de junio de 2020 que «frente a la crisis constituyente tenemos un debate constituyente […] no podemos dejar a nadie fuera».
El separatismo, integrado en la dirección del Estado como reconoció el propio Otegui, sigue escribiendo la historia de España sin que apenas mueva a escándalo. La paradoja está en que el segundo partido de la oposición (VOX) tiene más votos (3,6 millones) que todos los partidos secesionistas juntos (2,4 millones en total: ERC 874.000, JxCat 530.000, PNV 379.000, Bildu 277.000, CUP 246.000 y BNG 120.000). El sistema electoral, aunque haya quien no quiera verlo, permite que quienes menos votos tienen estén sobrerrepresentados en el Congreso y sometan a la inmensa mayoría de los españoles.
–Clientelismo. El grueso de los fondos europeos llega el último año de legislatura, una bendición para Sánchez que imitará, de algún modo, el plan E que Zapatero ejecutó tras ser reelegido en 2008 cuando los primeros síntomas de la crisis eran más que evidentes. El Gobierno comprará aún más a los sindicatos, a la prensa y otros sectores afines a los que confundirá interesadamente con «los trabajadores» o «los de abajo». Sánchez dirá que todo lo destina a «políticas sociales», pero el gasto en propaganda será fundamental para ocultar que España es el único país de la UE que aún no ha recuperado los niveles previos a la crisis.
–Cataluña. El PSC está a punto de llegar a un acuerdo con ERC para sacar adelante los presupuestos. Eso ayudará a que Sánchez siga presentándose como el gran pacificador, el artífice de que las calles que ardieron durante el golpe de 2017 y dos años después cuando el Supremo condenó a los golpistas por sedición y malversación, sean ahora una balsa de aceite. Frente a los dos referendos ilegales (y la violencia desatada) que el separatismo celebró cuando el PP gobernó por última vez, el PSOE venderá en Cataluña la imagen de la vuelta a la normalidad. Con ello espera ser el primer partido en una región, no lo olvidemos, que reparte 48 escaños en las generales.
–Cambio climático. 2023 comienza con más restricciones que ya sufren quienes tienen coches de gasolina o diésel. Además del elevado precio de los carburantes, los parquímetros y las autovías de peaje que están por venir, la ley de cambio climático impide que los turismos con clasificación ambiental A puedan circular libremente por todo el territorio nacional. Esta ley obliga a los municipios con más de 50.000 habitantes a establecer zonas de bajas emisiones. El objetivo de esta medida es «mejorar la calidad del aire y mitigar las emisiones de gases efecto invernadero». La traducción real es que quienes menos recursos tienen no van a poder disfrutar de un coche como han hecho, al menos, desde hace medio siglo. Esta guerra al automóvil no se entiende sin los Acuerdos de París de 2015 y la Agenda 2030 suscritas por España. Los fondos europeos, por supuesto, están condicionados a invertirlos en la «lucha» contra el cambio climático y el impulso de la transición energética.
-Degradación institucional. Un país no funciona o deja de hacerlo cuando sus instituciones no son fuertes. La corona es la única de peso que, de momento, resiste los envites de Moncloa, a pesar de los desplantes públicos que Sánchez ha hecho a Felipe VI. La monarquía se enfrenta a un Gobierno de coalición hostil que aprueba leyes, como la de memoria democrática, que deslegitiman la Transición y, por ende, la figura del jefe del Estado.
Sánchez ha asaltado desde 2020 el Tribunal Constitucional, la Fiscalía con Dolores Delgado (otra exministra), el CIS, el Tribunal de Cuentas, TVE, Correos, y, a punto de ello, el CGPJ. Mención aparte merece la Mesa del Congreso, más degradada que nunca, que cerró la Cámara (saltándose la Constitución) al principio de la epidemia del coronavirus y aplica el reglamento de manera torticera en cada sesión plenaria.
–Guerra de Ucrania. El Gobierno se agarra a ella para explicar todo lo que va mal y no puede negar, desde la inflación o la subida de los carburantes hasta la cesta de la compra. Si la guerra acabara, Sánchez se quedaría sin coartada.
