Los sindicatos y asociaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han elevado el tono contra la gestión del Ministerio del Interior después de mes y medio de presión sobre Ceuta tras la invasión del 30 de julio. Policías nacionales y guardias civiles denuncian falta de efectivos, precariedad en sus condiciones de trabajo e improvisación en los dispositivos desplegados por el Gobierno.

Las críticas se han intensificado después del caótico traslado de inmigrantes desde las playas del Trampolín y Benítez hasta las instalaciones habilitadas en el puerto este viernes. JUPOL y el Sindicato Unificado de Policía (SUP) denunciaron que el operativo ponía en riesgo a los agentes ante la insuficiencia de efectivos destinados a controlar a miles de personas.

JUPOL, sindicato mayoritario de la Policía Nacional, sostiene que el número de policías destinados al dispositivo fue «muy insuficiente» para una operación de «máxima» dificultad. En Ceuta trabajan actualmente cuatro grupos de la Unidad de Intervención Policial (UIP), según el sindicato, pero únicamente dos fueron destinados inicialmente al traslado.

El secretario general de JUPOL, Aarón Rivero, ha cuestionado además las prioridades en el despliegue de los antidisturbios. En una entrevista en Telecinco comparó los medios destinados a Ceuta con los utilizados para cubrir grandes acontecimientos deportivos.

Rivero señaló que en citas como una carrera de Fórmula 1 o una final de la Copa del Rey pueden movilizarse alrededor de doce grupos, mientras que «en Ceuta tenemos en el mejor de los casos cuatro». La comparación llega después de semanas en las que las organizaciones policiales han denunciado que los agentes soportan largas jornadas y, en algunos casos, condiciones precarias para descansar.

JUCIL exige unos 200 guardias civiles más

La situación también ha provocado la reacción de JUCIL. La asociación profesional reclama la puesta en marcha de un plan permanente de seguridad para Ceuta y advierte de que el Ejecutivo no puede continuar afrontando cada episodio de presión fronteriza mediante refuerzos puntuales desplazados desde otros lugares de España.

Actualmente se están enviando efectivos de los Grupos de Reserva y Seguridad (GRS) procedentes de Sevilla, Valencia y Barcelona. JUCIL considera que estas unidades de refuerzo no pueden convertirse en el mecanismo habitual para cubrir las carencias estructurales de la ciudad.

«No se puede estar enviando GRS desde Sevilla, Valencia o Barcelona cada vez que la situación se desborda. Eso es actuar a posteriori. Ceuta necesita planificación, medios y plantilla estable», denuncia la asociación.

JUCIL ha concretado además la magnitud del refuerzo que considera necesario: reclama unos 200 guardias civiles adicionales sobre una plantilla actual de aproximadamente 550 efectivos para garantizar las funciones encomendadas al Instituto Armado en una de las fronteras más sensibles de España.

La asociación insiste en que la situación posterior a la invasión ha vuelto a poner sobre la mesa unas deficiencias que los agentes venían denunciando desde antes del 30 de julio. Su propuesta pasa por disponer de una estructura estable capaz de responder a la realidad fronteriza de Ceuta sin depender continuamente de unidades desplazadas desde la Península.

El SUP denuncia «desamparo institucional»

El Sindicato Unificado de Policía también ha cargado contra la planificación del Gobierno. A raíz del dispositivo del viernes, recordó que llevaba tiempo advirtiendo de que los efectivos desplegados en Ceuta resultaban insuficientes y aseguró que el traslado se ejecutó «con la plantilla mínima».

«El desamparo institucional tiene que terminar», denunció el sindicato, que ha reclamado refuerzos y garantías de seguridad para los policías encargados de intervenir en estos dispositivos.

El operativo del viernes terminó trasladando a alrededor de 1.700 inmigrantes a las instalaciones habilitadas en el puerto, aunque miles continuaron fuera de los recintos de acogida. La llegada de numerosas personas al mismo tiempo provocó momentos de caos y obligó a las unidades policiales a contener la situación.

Las denuncias de JUPOL, SUP y JUCIL sitúan de nuevo al Ministerio del Interior y a su titular, Fernando Grande-Marlaska, ante las críticas por la gestión de la seguridad en Ceuta. Los representantes de los agentes coinciden en tres exigencias: más efectivos, medios suficientes y órdenes claras, además de una planificación estable que sustituya el actual recurso a refuerzos puntuales cada vez que la presión sobre la ciudad vuelve a desbordar los dispositivos.