El juicio por la contratación de David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno, en la Diputación de Badajoz ha incorporado un nuevo elemento de controversia tras las últimas declaraciones testificales. Varios de los comparecientes que defendieron la legalidad de los nombramientos investigados evitaron mencionar sus vínculos con el PSOE y se presentaron ante el tribunal únicamente bajo su condición de funcionarios o profesionales, pese a haber ocupado responsabilidades políticas relevantes dentro del partido.

La causa trata de esclarecer si la plaza de alta dirección que ocupó David Sánchez respondió a una necesidad real de la institución provincial o si fue creada específicamente para favorecer al hermano del jefe del Ejecutivo. La investigación también analiza la contratación de Luis Carrero, amigo personal de David Sánchez y exasesor en Moncloa, por posibles delitos relacionados con prevaricación y tráfico de influencias.

Uno de los testimonios más destacados fue el de José María Sánchez Sánchez, jefe del Servicio Provincial de Bibliotecas de la Diputación de Badajoz. Durante su declaración defendió la transparencia del proceso que acabó con la incorporación de Luis Carrero. Sin embargo, omitió que fue alcalde socialista de La Coronada durante trece años, una circunstancia que no pasó desapercibida para las acusaciones, detalla The Objective.

Su comparecencia resulta especialmente relevante porque formó parte de la comisión de valoración que examinó la candidatura de Carrero. Durante la vista reconoció que el exasesor de Moncloa fue el único aspirante que se presentó al proceso y sostuvo que cumplía todos los requisitos exigidos por la convocatoria.

La acusación popular también ha puesto el foco en un correo electrónico incorporado al sumario en el que David Sánchez comunicó a Carrero el 30 de octubre de 2023 sus planes para cuando se incorporara a Badajoz. El mensaje fue enviado semanas antes de que se publicaran oficialmente las bases de la convocatoria y antes incluso de su nombramiento formal, una secuencia temporal que alimenta las sospechas de que el procedimiento estaba decidido de antemano.

Otra de las testigos fue Estrella Gordillo, que inicialmente se presentó como enfermera. Sin embargo, durante el interrogatorio salió a relucir su extensa trayectoria política dentro del PSOE. Gordillo desempeñó distintos cargos en la Diputación de Badajoz y en el Ayuntamiento de Mérida, donde llegó a ser portavoz del Grupo Municipal Socialista.

En la misma línea declaró Inmaculada López Bueno, exjefa del Servicio de Recursos Humanos de la Diputación durante el periodo en el que se creó la plaza para David Sánchez. Según la documentación analizada en el procedimiento, ocupaba un puesto de confianza del entonces presidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo, uno de los principales acusados en la causa. Actualmente desempeña responsabilidades dentro de la institución provincial bajo la presidencia de Raquel del Puerto.

También llamó la atención la declaración de Ramón Díaz. A preguntas del tribunal se presentó inicialmente como veterinario, aunque posteriormente reconoció que es vicepresidente tercero de la Diputación de Badajoz, alcalde de Villanueva del Fresno y afiliado al PSOE.

Las acusaciones consideran que estas omisiones son relevantes porque afectan a la valoración de la imparcialidad de unos testimonios que respaldan la actuación de los responsables políticos investigados. De hecho, han solicitado que se estudie la posible deducción de testimonio contra alguno de los comparecientes por presuntas contradicciones durante su declaración.

La vista oral continúa centrada en determinar si la creación de las plazas ocupadas por David Sánchez y por su entorno respondió a criterios objetivos de mérito y capacidad o si formó parte de una red de favores impulsada desde la dirección política de la Diputación de Badajoz.