La urbanización de lujo en el nuevo PAU de Carabanchel, Madrid, vive una situación de caos tras la ocupación ilegal de 30 viviendas, que comenzó el pasado mes de diciembre con la irrupción de 28 familias. En los últimos días, han llegado más personas al complejo, conocido por sus exclusivas instalaciones, como piscina, gimnasio y zonas recreativas, aumentando la tensión entre los residentes legales.
Los vecinos denuncian que personas desconocidas merodean constantemente por el área y acceden a las instalaciones buscando pisos vacíos. «Estamos aterrorizados, entra gente extraña preguntando por los pisos desocupados«, comenta una de las residentes. Este clima de inseguridad se ha visto agravado por la llegada de vehículos sospechosos y motos que rondan la urbanización, sumiendo a los habitantes en una constante alerta.
La empresa propietaria de la finca, Vivenio, ha intentado reforzar la seguridad contratando una nueva compañía de desokupación y añadiendo cámaras y alarmas en las viviendas vacías. Sin embargo, los okupas han vandalizado las cámaras de vigilancia pintándolas para evitar ser grabados.
A pesar de cortar el agua caliente y la calefacción, los okupas todavía tienen acceso a agua fría y electricidad. Además, han instalado su propio sistema de conserjería, permitiendo el ingreso de personas con sólo abrir la puerta desde el interior, lo que dificulta las medidas de control implementadas por la empresa.
La situación comenzó durante el puente de diciembre, cuando 28 familias, principalmente de origen peruano, ocuparon las viviendas tras firmar supuestos contratos de alquiler con miembros de un clan mafioso. Pagaron entre 2.500 y 3.000 euros por estos falsos acuerdos, realizados en un comedor benéfico del distrito. Los okupas accedieron a las casas con llaves proporcionadas por los estafadores, quienes previamente habían cambiado las cerraduras aprovechando la ausencia de personal de seguridad regular durante ese fin de semana.
«Nos dijeron que el alquiler era legal, pagamos la fianza y nos mudamos, pero luego llegó la policía y nos explicaron que era una estafa», relata una de las okupas, quien asegura que han denunciado el caso y piden una solución.
La convivencia se ha deteriorado de forma grave. Según los vecinos, en algunas viviendas okupadas viven hasta tres familias juntas, superando las 20 personas en un solo piso.
Mientras tanto, los vecinos han solicitado reuniones tanto con el Ayuntamiento como con Vivenio, exigiendo soluciones inmediatas.
