La paciencia del sector veterinario se ha agotado. Este fin de semana, profesionales de toda España tomarán las calles para denunciar los abusos del Real Decreto 666/2023, la conocida Ley del Medicamento Veterinario, que les impide dispensar directamente tratamientos y les somete a un régimen burocrático asfixiante y desproporcionado.
Coordinados por el Comité de Crisis Veterinario, unas 40 manifestaciones recorrerán el país, la mayoría de ellas este domingo por la mañana. En Madrid, la protesta arrancará a las 10:30 en el Paseo del Prado, casi al mismo tiempo que la convocada por el PP contra el Gobierno en Plaza de España.
Los veterinarios hacen un llamamiento a los propietarios de animales y a la ciudadanía para que se sumen y respalden una causa que no es solo profesional, sino también de salud pública y sentido común.
Los profesionales denuncian que el Real Decreto les impide actuar con libertad clínica y les obliga a cumplimentar trámites ridículos: deben anotar incluso el número de gotas o el porcentaje usado de una crema, bajo amenaza de sanciones que pueden alcanzar 1,2 millones de euros.
La Real Sociedad Canina de España (RSCE) ya ha confirmado su participación en la protesta de Madrid y ha animado a todos los ciudadanos a apoyar una reivindicación que afecta directamente al bienestar animal y a la capacidad profesional del veterinario.
El sector lleva meses protestando. Han exigido diálogo, han salido a la calle, han pedido la dimisión del ministro Luis Planas, y han logrado reunirse con representantes de casi todos los partidos, incluidos PP, VOX, ERC, Junts, Bildu, Sumar y el propio PSOE. Pero Planas sigue sin aparecer.
La ley, según denuncian los veterinarios, ignora la evidencia científica y anula el criterio profesional, imponiendo desde el BOE una gestión puramente burocrática que compromete el ejercicio real de la medicina veterinaria.
Partidos como VOX y el PP ya han pedido la derogación del decreto, recogiendo las quejas del sector. Mientras tanto, el Gobierno se escuda en tecnicismos y aplaza cualquier solución con enmiendas dilatorias y promesas a seis meses vista.