El nombre del exministro José Luis Ábalos vuelve a situarse en el centro de una investigación judicial por sus vínculos con el ginecólogo Ignacio Palomo y una serie de viajes a Guinea Ecuatorial que podrían ocultar una operativa de blanqueo de capitales relacionada con la dictadura de Teodoro Obiang.
Según la información revelada por The Objective, Palomo —conocido como el ginecólogo de la jet set— acompañó a Ábalos en noviembre de 2021, apenas semanas después de su destitución por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en viajes a República Dominicana y Guinea Ecuatorial con supuestos fines empresariales. Durante esas fechas, el Ministerio de Transportes autorizó a la aerolínea Plus Ultra a operar la ruta Madrid-Malabo el mismo día en que el exministro aterrizó en la capital africana.
Ese movimiento marcó el inicio de una serie de desplazamientos frecuentes entre 2021 y 2022 en los que Ábalos, Palomo y su exasesor Koldo García fueron recibidos con trato de autoridad por el régimen ecuatoguineano. Parte de esos viajes se realizaron, precisamente, en vuelos de Plus Ultra, aerolínea rescatada por el Gobierno meses antes.
Operaciones financieras y arte africano bajo sospecha
El financiero Manel Sallés ha confirmado en el Tribunal Supremo operaciones vinculadas a la compra de deuda soberana de Guinea Ecuatorial en 2022, cuando Ábalos ya presidía la comisión de Interior del Congreso. Estas gestiones se articularon a través del despacho IDBO, vinculado al entorno de Koldo García.
Los investigadores apuntan a que los viajes y la apertura de la ruta aérea pudieron servir como canal para trasladar piezas de arte africano que, en realidad, funcionarían como contraprestación económica por servicios prestados a la dictadura de Obiang. Esta hipótesis se apoya en mensajes y material gráfico intervenido por la investigación, así como en la organización de exposiciones privadas de arte africano en el domicilio de Palomo.
Fuentes policiales y judiciales consideran al ginecólogo “una pieza más de la trama”, con un papel aún por delimitar. No solo actuó como enlace con Guinea, sino que también fue beneficiario de contratos públicos durante la pandemia por valor de 636.000 euros.
Contratos públicos y acceso a ministros
Palomo mantuvo una relación estrecha con el entorno de Ábalos durante la pandemia. A través de su empresa Arpa Médica, acudió a domicilios de ministros para realizar pruebas PCR, un servicio clave en plena crisis sanitaria. Además, trató a familiares directos de miembros del entramado, incluida la entonces esposa de Koldo García.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil también investiga viajes similares a Colombia y Cuba, en los que participaron los mismos actores y donde se habrían replicado dinámicas de negocio similares.
El rastro económico y su aparición en el juicio
El nombre de Palomo ha reaparecido en el juicio del caso Ábalos tras las declaraciones de responsables de ADIF sobre contratos de material sanitario durante la pandemia. Según uno de los testigos, fue la entonces presidenta del organismo quien sugirió contactar con el entorno del ginecólogo para la adquisición de guantes de nitrilo.
Además, constan pagos de la exmujer de Koldo García a empresas de Palomo por casi 30.000 euros entre 2018 y 2019, oficialmente vinculados a tratamientos médicos.
Una red con conexiones internacionales
La relación de Palomo con Guinea Ecuatorial se consolidó tras su matrimonio con la exministra guineana Guillermina Mekuy, lo que facilitó su implantación empresarial en el país. Entre sus proyectos destaca la apertura de una clínica de fertilidad en el Grand Hotel Djibloho en 2020, en colaboración con las autoridades locales.
Meses después, introdujo a Ábalos en los círculos diplomáticos de la dictadura durante la feria Fitur de 2021. Ese contacto inicial derivó en una relación continuada que ahora centra el foco de las investigaciones por posibles delitos de corrupción y blanqueo.
El caso sigue abierto en el Tribunal Supremo, con nuevas líneas de investigación que apuntan a una estructura internacional de negocios, contratos públicos y vínculos políticos que se extiende más allá de España.