El Gobierno de Pedro Sánchez prevé aprobar en Consejo de Ministros un controvertido decreto para la regularización masiva de hasta 500.000 inmigrantes ilegales, un proceso que quedará en manos, en parte, de una empresa pública salpicada por el caso Ábalos, según denuncia El Debate.
Se trata del grupo Tragsa y su filial Tragsatec, cuya elección ha generado fuertes críticas incluso dentro de los órganos consultivos del Estado. El propio Consejo de Estado ha advertido de la falta de transparencia y de justificación en su designación, subrayando que no se ha explicado por qué se ha optado por estas entidades y no por otras.
La polémica se agrava por los antecedentes recientes. Tragsatec fue una de las empresas donde fue contratada Jésica Rodríguez, conocida como la «sobrina» del exministro José Luis Ábalos, en un proceso que, según la Fiscalía, se realizó sin funciones reales y mediante influencias políticas.
El decreto que prepara el Ejecutivo introduce además cambios sustanciales en el sistema de regularización. Entre ellos, destaca la posibilidad de acreditar la ausencia de antecedentes penales mediante una simple declaración responsable, lo que abre la puerta a que personas con historiales borrados puedan acceder a permisos de residencia.
Asimismo, el texto otorga un papel clave a entidades del denominado Tercer Sector, que serán las encargadas de determinar qué inmigrantes se consideran «vulnerables» y, por tanto, susceptibles de ser regularizados.
El Consejo de Estado ha mostrado también su preocupación por el alcance de las funciones asignadas a Tragsa y Tragsatec, recordando que estas empresas públicas no pueden ejercer potestades administrativas ni tomar decisiones sobre concesión de permisos, una competencia reservada exclusivamente a funcionarios.
Pese a ello, el Ejecutivo mantiene su hoja de ruta y todo apunta a que impulsará el decreto en las próximas horas, en un movimiento que previsiblemente abrirá un nuevo frente político y judicial.
La iniciativa se enmarca en el acuerdo del Gobierno con sus socios parlamentarios y supone uno de los mayores procesos de regularización de inmigrantes en España en los últimos años, en medio de crecientes críticas por la gestión migratoria y la falta de control efectivo sobre las fronteras.
