El Gobierno ha adjudicado un contrato por valor de 1,7 millones de euros para la agilización de los sistemas de tramitación de la concesión de la nacionalidad española, según publica OkDiario.
Según el expediente administrativo consultado, la empresa adjudicataria es Neoris España SL, que prestará servicios de desarrollo, mantenimiento y soporte a los sistemas de Nacionalidad del Ministerio de Justicia.
El volumen de solicitudes asociadas a esta vía de acceso se sitúa en torno a 2,3 millones de expedientes, correspondientes a descendientes de españoles en el exterior. De acuerdo con datos oficiales, una parte significativa ya ha sido resuelta favorablemente, mientras el resto permanece en fase de tramitación. El procedimiento se enmarca en la vía de nacionalidad por opción contemplada en la legislación española vigente.
La adjudicación ha sido realizada por la Junta de Contratación de la Secretaría de Estado de Justicia, órgano adscrito al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. El departamento dirigido por el ministro Félix Bolaños es responsable de la gestión administrativa de los procedimientos de nacionalidad a través de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública.
La normativa aplicable permite el acceso a la nacionalidad por residencia, carta de naturaleza y opción. En este último supuesto se incluyen los hijos y nietos de españoles emigrados antes de 1978, conforme a las disposiciones ampliadas por la Ley de Memoria Democrática de 2022. El cierre del plazo de solicitudes se produjo en octubre del año anterior.
Diversos grupos parlamentarios han planteado objeciones en relación con la gestión del proceso, mientras que el Ejecutivo sostiene que se trata de una medida de carácter administrativo y de eficiencia procedimental. Estas posiciones han generado un debate público sobre la interpretación del alcance de la política de nacionalidad.
En relación con el desarrollo normativo, una instrucción publicada en el Boletín Oficial del Estado en octubre de 2022 detalló la aplicación del procedimiento. Dicha instrucción fue emitida por la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, órgano competente en la materia dentro del Ministerio de Justicia.
La ejecución del contrato coincidirá temporalmente con la resolución progresiva de expedientes acumulados, lo que podría influir en los tiempos medios de tramitación. La administración prevé un incremento de la carga de trabajo durante el periodo de implementación del sistema.
