«Ser es defenderse», Ramiro de Maeztu
Rechazo frontal al reparto impulsado por el Gobierno

Los vicepresidentes de VOX en Castilla y León, Extremadura y Aragón plantan a la ministra Rego y exigen al Gobierno que paralice el «reparto» de menas y los devuelva a Marruecos

Los vicepresidentes autonómicos de VOX.

Los dirigentes de VOX en Castilla y León, Extremadura y Aragón han comunicado a la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, que no participarán en la Comisión Sectorial de Infancia y Adolescencia convocada para el próximo 13 de agosto y han adelantado su rechazo al traslado a sus territorios de menores extranjeros no acompañados procedentes de Ceuta.

Carlos Pollán, Óscar Fernández y Alejandro Nolasco han remitido sendas cartas al Ministerio en las que reclaman al Gobierno de Pedro Sánchez que paralice cualquier reparto mientras no se hayan completado individualmente los procedimientos legales correspondientes y que priorice la reunificación familiar o, cuando proceda, el retorno de los menores a Marruecos.

La iniciativa llega en plena crisis migratoria de Ceuta y después de que el Ejecutivo haya avanzado en los mecanismos para trasladar menores desde la ciudad autónoma hacia distintas regiones españolas.

VOX denuncia que la convocatoria remitida por el departamento de Rego no hace referencia a la reciente entrada masiva de extranjeros en Ceuta ni a sus consecuencias sobre la seguridad y los servicios públicos, y critica igualmente que no se detalle la responsabilidad del Estado en el control de la frontera.

VOX amenaza con llevar los traslados a los tribunales

En las cartas, los tres dirigentes plantean tres exigencias fundamentales. En primer lugar, reclaman que el Gobierno se abstenga de «preparar, acordar o ejecutar traslado alguno» de menores procedentes de Ceuta hasta que hayan finalizado los expedientes individualizados exigidos por la legislación.

También solicitan que el Ejecutivo remita el expediente completo y la situación administrativa de cada menor cuyo traslado pretenda realizar. VOX anuncia además que impugnará judicialmente aquellos expedientes que, a su juicio, deberían concluir con el retorno del menor a Marruecos y no lo hagan.

La formación exige igualmente acelerar los procedimientos de reunificación familiar y, cuando la normativa lo permita, el retorno al país de origen mediante la entrega a las instituciones de protección marroquíes.

Exigen acreditar la edad y localizar a las familias

Los responsables de VOX sostienen que antes de cualquier traslado el Estado debe acreditar la minoría de edad, tramitar el procedimiento previsto en el artículo 35 de la Ley Orgánica 4/2000, intentar localizar a los progenitores o a la institución tutelar correspondiente en Marruecos, recabar los informes exigidos y emitir una resolución individualizada y motivada.

La formación argumenta que su oposición al reparto responde al cumplimiento del marco jurídico y al principio del interés superior del menor, que, según su interpretación, obliga a priorizar la reunificación familiar siempre que sea posible.

VOX invoca además la jurisprudencia del Tribunal Supremo para rechazar que puedan aplicarse soluciones automáticas o colectivas sin estudiar individualmente la situación de cada menor.

«Los menores, con sus familias»

El partido sostiene que la competencia en materia de extranjería corresponde exclusivamente al Estado y considera que trasladar los menores a otras comunidades antes de finalizar los procedimientos migratorios supone trasladar a las autonomías las consecuencias de una competencia estatal todavía abierta.

Los dirigentes de VOX aseguran asimismo que la distribución territorial puede dificultar la localización de los familiares, retrasar los procedimientos de retorno y complicar la resolución de los expedientes.

En sus cartas recuerdan además que Marruecos ha manifestado su disposición a recibir a menores marroquíes que se encuentren en España, y utilizan este argumento para exigir al Gobierno que explore esa vía antes de proceder al reparto entre comunidades autónomas.

La formación asegura que con esta posición pretende cumplir los compromisos alcanzados en los gobiernos autonómicos en los que participa y anuncia que recurrirá a los mecanismos legales disponibles para oponerse a los traslados que considere contrarios a derecho.

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