El debate sobre el cierre del parque nuclear en España no existe entre los votantes cuando entra en juego el precio de la electricidad. La mayoría tiene claro que, si apagar las centrales supone un incremento en la factura de la luz, no están dispuestos a pagar ese coste. Así lo refleja un reciente sondeo de Sigma Dos, que revela que casi siete de cada diez ciudadanos (67,8%) rechazarían el cierre de las nucleares si eso repercutiera negativamente en su economía doméstica.
Este dato deja entrever una realidad contundente: más allá de las posturas ideológicas o ambientales, lo que pesa es el bolsillo. El mensaje ecologista, aunque históricamente con gran arraigo en la izquierda, pierde fuerza cuando se confronta con la subida del recibo eléctrico. Incluso entre votantes afines a partidos como Sumar o el PSOE, donde la sensibilidad medioambiental es mayor, la opinión cambia si se plantea un encarecimiento de hasta un 30%, como ha advertido Ignacio Galán, presidente de Iberdrola.
La fisión atómica, pese a su polémica, sigue siendo una opción que muchos prefieren mantener sobre la mesa. Un 47,7% de los encuestados se manifiesta favorable a la energía nuclear, aunque las opiniones varían según el género y la filiación política. El apoyo es claramente mayor entre los hombres (57,3%), mientras que entre las mujeres predomina el rechazo (43,2%). Las diferencias se acentúan aún más al observar el recuerdo de voto: los simpatizantes de VOX (74,9%) y del PP (69%) muestran un respaldo abrumador, mientras que entre quienes apoyan a Sumar apenas un 18% ve con buenos ojos la energía nuclear.
El contexto actual, marcado por la incertidumbre económica y los precios energéticos desbocados, ha trasladado el debate desde el terreno ideológico al pragmatismo más crudo. La tensión también se siente en el Congreso, donde el Partido Popular ha condicionado su colaboración con el Ejecutivo en temas tan relevantes como los aranceles estadounidenses a una revisión del calendario de cierre nuclear. Esta presión política ya no se centra únicamente en lo ambiental, como ocurrió con la clausura de Garoña en 2017, sino que ahora toca de lleno la estrategia energética nacional.
¿Está preparada España para vivir sin energía nuclear en el corto plazo? La respuesta mayoritaria es negativa. Según el mismo estudio, un 62,1% de los ciudadanos no cree que el país pueda liberarse de la dependencia energética exterior en los próximos años. El escepticismo se extiende entre votantes de todos los colores, incluso en formaciones como Sumar, donde la utopía verde encuentra resistencias internas: el 44,6% de sus electores no confía en alcanzar la autosuficiencia energética en un lustro, frente a un 44% que sí lo ve posible.
En conjunto, sólo un 27,5% del total de encuestados cree que España podría volverse energéticamente independiente en cinco años. Así, mientras los discursos políticos apuestan por un horizonte renovable, la opinión pública percibe más incertidumbre que certeza. Los ideales verdes tropiezan con la realidad de una economía vulnerable y una red energética aún insuficiente para sostenerse sin respaldo nuclear.
Incluso entre los sectores más críticos con las nucleares, como las mujeres o los votantes progresistas, el rechazo no es inamovible. Si la alternativa es pagar más, un porcentaje elevado reconsideraría su postura: un 65,3% de las mujeres contrarias a la energía atómica aceptarían mantener las centrales si así se evitase un aumento en la tarifa eléctrica. Entre los votantes del PSOE, un 55,3% se opondría al apagón nuclear si tuviera un impacto en sus finanzas. Y en el caso de Sumar, el 44,4% cambiaría su voto verde por una factura menos abultada.
