La fiscal ha pedido este lunes en el juicio de 10 a 19 años de prisión para diez acusados de integrar una célula yihadista ubicada en Terrassa (Barcelona) y ha dicho que hubo que adelantar las detenciones pues «ya habían pasado a la acción» y preparaban atentados y una decapitación.
La Audiencia Nacional ha reanudado este lunes con las conclusiones definitivas el juicio de diez arrestados durante la operación Caronte, desarrollada en 2015 por los Mossos d’Esquadra, en la que la fiscal ha mantenido la petición de 19 años de cárcel para los tres principales acusados y ha solicitado diez para el resto, con lo que ha elevado la petición provisional de 7 para cuatro de ellos.
Según la Fiscalía, la célula se creó a principios de 2014 con la denominación «Fraternidad islámica. Grupo para la predicación del yihad», y, supuestamente, planeaba atentar en lugares emblemáticos de Barcelona como el Parlamento.
La fiscal Dolores Delgado ha incorporado como nuevo hecho probado durante el juicio que «la investigación judicial desarrollada sobre la célula hubo de concluirse y procederse a la detención de sus integrantes ante la inminencia de una acción yihadista consistente en el secuestro de una persona sobre la que se habían realizado vigilancias y seguimientos».
Ha añadido que «tras vestirla de naranja emulando a los rehenes del Estado Islámico se procedería a su decapitación para su posterior divulgación a través de los canales de internet como Youtube».
La fiscal ha destacado que la célula quería cometer acciones en España y para ello financiarse secuestrando a la directora de una sucursal bancaria, y además intentaron fabricar artefactos explosivos con pólvora blanca, hablaron de preparar bombas con bombonas de butano y se les intervino azufre.
Ha advertido de que los acusados decidieron «pasar a la acción mediante la yihad de la espada» y cometer atentados contra «peces gordos» -en palabras de algunos acusados recordadas por la fiscal- de estamentos políticos, militares y policiales siguiendo los objetivos del Estado Islámico.
La representante de la Fiscalía ha solicitado 19 años de cárcel para los presuntos líderes de la célula, Antonio Sáez Martínez, uno de los cuatro españoles conversos al islam que están acusados, y los marroquíes Lahcen Zamzami y Rida Hazem.
Además, ha reclamado 10 años de prisión y seis de libertad vigilada para el resto de acusados de integrar la célula, Taofiq Mouhouch, Kayke Luan Ribeiro Guimaraes, Mohamed El Gharbi, Said Touay y los españoles Gonzalo Cabezas Núñez, David Portolés Franco y Jacob Orellana Casado.
La fiscal ha relatado que un presunto miembro del grupo, Abdellatif Chahmout, viajó desde Barcelona a la zona de conflicto y falleció en Irak y que posteriormente los acusados Taofiq Mouhouch, Kayke Luan Ribeiro Guimaraes y Mohamed El Gharbi fueron detenidos en Bulgaria cuando iban a Siria.
Ha subrayado la «intensidad» del testimonio del agente encubierto de los Mossos infiltrado en la célula, que grabó conversaciones de reuniones con los acusados y que corroboró lo que los agentes del mismo Cuerpo iban descubriendo en sus seguimientos.
Dolores Delgado ha rebatido la teoría de la conspiración alegada por las defensas relativa a que la operación de los Mossos buscaba anular las redes de inteligencia de las Fuerzas de Seguridad del Estado, Policía Nacional y Guardia Civil.
En este sentido ha recordado que agentes de los distintos cuerpos coincidieron en los mismos lugares en sus investigaciones y que como en otras ocasiones, por ejemplo también en pesquisas relacionadas con la banda terrorista ETA, se solventó con una labor de coordinación.
Ha añadido que los tres cuerpos siguen colaborando en investigaciones contra el yihadismo tras los últimos atentados en Cataluña, «una de las comunidades autónomas en las que más operaciones y detenciones se producen pues tristemente se ha comprobado que tiene una complicada situación con el terrorismo yihadista».
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