La actual presidenta del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales nombrada por María Jesús Montero, María de la Concepción Ordiz Fuertes, aparece en el foco de la investigación que dirige la Audiencia Nacional sobre la presunta trama vinculada a Leire Díez y al ex presidente de la SEPI Vicente Fernández. Según la documentación remitida por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil al juez Santiago Pedraz, Ordiz habría desempeñado un papel relevante en la adjudicación de un contrato público de 2,8 millones de euros a la empresa vasca Erri Berri para el derribo de unas antiguas baterías de coque en Avilés.
Los investigadores sostienen que las conversaciones intervenidas al grupo, mantenidas a través de la aplicación Threema, reflejan una intensa actividad durante cerca de un año para lograr que la compañía obtuviera finalmente la adjudicación. En uno de esos mensajes, fechado el 21 de enero de 2022, Vicente Fernández escribió a Leire Díez y a Antxon Alonso, socio de Santos Cerdán en Servinabar, una frase que la Guardia Civil considera especialmente significativa: «Conchita ha cumplido».
Esa expresión hacía referencia, según la UCO, a la resolución de un recurso presentado por la constructora Lezama contra el procedimiento de adjudicación. Días antes, Fernández había trasladado a sus interlocutores que la presidenta del Tribunal de Contratos resolvería el recurso rechazándolo antes del 21 de enero, extremo que finalmente se produjo.
La investigación revela además que el proceso para favorecer a Erri Berri se habría iniciado mucho antes. El contrato, promovido por Sepides para transformar la zona industrial de Avilés en un parque empresarial, había sido adjudicado inicialmente en abril de 2021 a una unión temporal de empresas formada por Lezama y Los Álamos. Sin embargo, apenas unos días después, en un chat denominado «Hirurok» —«Nosotros tres» en euskera— surgió la posibilidad de impugnar aquella adjudicación.
Según la Guardia Civil, fue Leire Díez quien sugirió trasladar a los responsables de Erri Berri una posible vía para anular el concurso, consistente en cuestionar que una misma persona hubiera participado tanto en la valoración de las ofertas como en la adjudicación definitiva. La empresa utilizó posteriormente ese argumento en un recurso presentado en mayo de 2021, que prosperó meses después.
Tras anularse la primera adjudicación, se abrió un nuevo procedimiento. Los investigadores sostienen que, durante esa segunda licitación, el grupo continuó realizando gestiones para favorecer a Erri Berri. Entre ellas, destacan conversaciones en las que Vicente Fernández aseguraba haber logrado que la oferta de la compañía fuera admitida pese a presentar una propuesta económica que rozaba la baja temeraria.
La UCO también recoge mensajes en los que Fernández afirmaba estar realizando gestiones para influir en la resolución de distintos recursos. En uno de ellos señalaba: «No debo presionar más de lo que estoy haciendo». En otro, fechado en diciembre de 2021, aseguraba haber mantenido contactos con la presidenta del Tribunal de Contratos para que estuviera «alineada» ante el recurso presentado por Lezama.
Los agentes sostienen además que la presunta trama obtuvo un beneficio económico de 575.800 euros a través de la sociedad Mediaciones Martínez SL por las gestiones realizadas para facilitar la adjudicación del contrato. La investigación considera que este episodio refleja el supuesto modo de actuación del grupo investigado en la Audiencia Nacional, aunque las diligencias continúan abiertas y todavía no existe una resolución judicial firme sobre los hechos.
