La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se ha declarado este domingo «profundamente traicionada, dolida, indignada» con Santos Cerdán, por quien llegó a proclamar que ponía la mano en el fuego acerca de su inocencia. Ante un escenario de convulsión política y social por los audios difundidos, apuesta por la continuidad del Gobierno de coalición de PSOE y Sumar que preside Pedro Sánchez, convencida de que «sobran los motivos, hay muchas razones para que esta legislatura pueda seguir andando».
Han sido las primeras declaraciones públicas de Montero desde que el jueves Cerdán dimitiera como secretario de Organización del PSOE y anunciara su renuncia al acta tras difundirse los audios en posesión de la Guardia Civil acerca de su implicación en el cobro de comisiones en las adjudicaciones de obras públicas. Ha esgrimido como lamento el contraste entre el comportamiento de Cerdán con el hecho en paralelo de que «hay tantos alcaldes, concejales, ministros dejándose la vida, la piel, no tenemos apenas vida personal para afrontar los retos y problemas de este país».
Entre esas «muchas razones para seguir» ha situado datos como un mercado laboral con «casi 22 millones de personas trabajando», que la economía española esté creciendo casi el doble que la zona euro, unas pensiones de promedio 400 euros superior a la etapa del Partido Popular o la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Asimismo, ha apuntado que «él niega estos hechos, la veracidad de esas cintas», por lo que ha situado que Cerdán su escenario futuro será «defenderse en tribunales».
La también vicesecretaria general del PSOE federal ha remarcado la respuesta «con contudencia» cuando aún no existen «actuaciones judiciales» y que esa reacción se ha producido «en apenas unas horas» después de conocidos los informes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, sobre los que ha subrayado que «otros tenían previamente», por lo que ha reivindicado que el actual Ejecutivo que preside Sánchez carece de «una policía patriótica que filtre al Gobierno» y ha situado este hecho como un síntoma de que «el Estado de Derecho funciona».
