Rato, Cifuentes, Cospedal, Conde, Barberá, ‘Guateque’… Las actuaciones de la UCO y la Fiscalía Anticorrupción siguen generando críticas.
El último en denunciar las prácticas de la UCO ha sido el exbanquero Mario Conde, que ha enviado un escrito al juez Santiago Pedraz en el que acusa al Ministerio Público de consentir la ‘’clara y rotunda usurpación de funciones judiciales’’ que ha ejercido la Unidad Central Operativa.
‘’La corrupción más grave no es necesariamente la económica sino, al menos en igualdad de posiciones, la violación de la ley al servicio de fines espurios. Y si esa violación de la ley se ejecuta por quienes han recibido el encargo constitucional de velar por su cumplimiento, la gravedad asciende en lo que en matemáticas se denomina progresión geométrica’’, denuncia el exbanquero, a quien se investiga por el supuesto blanqueo de 13 millones procedentes de Banesto.
Mario Conde denunciará al mando de la UCO
Conde, tal y como publica La Razón, denunciará al mando de la UCO responsable de llevar a cabo las citaciones y la toma de declaraciones sin autorización judicial a varios imputados en la causa abierta en su contra. Se trataría del teniente coronel Israel Neira, identificado hace unos días por el diario El Mundo.
Asegura Conde en su escrito que la actuación practicadas por el mando de la Guardia Civil estaba orientada a ‘’construir pruebas ilícitas’’ para sustentar la acusación contra él ‘’a la vista del desmoronamiento’’ de las conclusiones de su informe, que dio origen a la causa.
El enfado de Pedraz
Hace unas semanas el juez del caso Rato archivaba la denuncia por blanqueo a la vista de que el informe de la UCO que le fue remitido era una serie de conjeturas, medias verdades, suposiciones carentes de verdadero contenido fáctico. Sonó la alarma, que venía ya precedida de lo ocurrido con Cifuentes, Cospedal, Barberá y algún otro caso menos notorio.
Poco después, Santiago Pedraz -instructor de la causa contra Mario Conde- dictó una providencia en la que solicitaba al mando de la UCO, identificado por El Mundo como Israel Neira, que cesara en practicar citaciones e imputaciones sin su aprobación. A fin de cuentas el juez es el único con potestades para dirigir estas actuaciones.
La UCO elaboró el informe acusatorio de Rato y también el que sirvió de base a la fiscal Lorente para plantear la querella que dirigió contra Mario Conde y su familia. Se da la circunstancia de el informe de Conde, muy voluminoso -más de 500 páginas contando anexos-, fue entregado a la Fiscal Lorente el día 16 de Marzo.
La querella de la fiscal, de 90 páginas, se escribió, elaboró y se remitió al fiscal Jefe, Sr. Salinas, el mismo día 16 de Marzo. ¿Fue en realidad esa querella elaborada por el supuestamente Teniente Neira y la Fiscal Lorente se limitó a una suerte de corta y pega del informe? Como dato, subrayar que las diligencias que la fiscal solicita en su querella son literalmente copiadas de las que pide la UCO en su informe.
Las citaciones a imputados y testigos
El juez Pedraz nombró a la UCO policía judicial auxiliar del caso y, a partir del momento en el que admitió a trámite la querella, Mario Conde y su familia pasaron a ser investigados, es decir, imputados (la única persona que puede declarar a otra «imputado» es un juez, ni siquiera un fiscal).
Parece, sin embargo, que entre los conocidos como «justicieros» de la UCO se ignora algo tan elemental en ocasiones en las que deciden convertirse en jueces por su cuenta y riesgo.
Así, durante el pasado mes de mayo, el funcionario señalado supuestamente como Teniente Neira, comienza a dirigirse por teléfono y correo electrónico a una serie de personas que no estaban incluidas en la querella, a las que pide acudir a las dependencias de la Guardia Civil a prestar declaración como testigos.
En algunos casos, según declara al juez el abogado De la Vega -imputado en la causa y colaborador del CNI- el funcionario de la UCO se permite aclarar a los «testigos» que si no acuden a su llamada él podría modificar la posición a la de imputado o investigado, como si de un juez se tratara.
Pero a mayor gravedad, el citado funcionario, supuestamente teniente Neira, directamente emite un oficio en el que declara imputados por delitos de blanqueo y organización criminal, a personas que no estaban incluidas en la querella como querellados y a las que, sin solución de continuidad, les dice que acudan a declarar ante él en la fecha que él les indica.
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