El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado este miércoles que abandonará su cargo si así se lo solicita la agente que ha denunciado por agresión sexual al ya exdirector adjunto operativo de la Policía Nacional, José Ángel González, cuya dimisión se produjo tras la admisión a trámite de la querella por un juzgado de Madrid.
En declaraciones a los medios antes de la sesión de control en el Congreso, el ministro ha sostenido que su permanencia al frente de Interior queda vinculada a la voluntad de la denunciante. Según ha defendido, su actuación fue inmediata desde el momento en que tuvo conocimiento formal de la querella, circunstancia que, ha afirmado, se produjo el día anterior a la renuncia del alto mando policial.
Marlaska ha insistido en que, de haber sabido antes de la existencia de la denuncia, habría exigido la salida del director adjunto operativo sin demora. A su juicio, la decisión adoptada evidencia que no existía conocimiento previo en el Ministerio. Ha recordado además que el abogado de la agente manifestó que la querella se mantuvo en secreto hasta la tarde anterior y ha subrayado que ni medios de comunicación ni sindicatos policiales habían informado de los hechos con anterioridad.
El titular de Interior ha confirmado también la apertura de una información reservada sobre el comisario y asesor del DAO, Óscar San Juan González, por presuntas coacciones hacia la denunciante, a la que supuestamente se le habría ofrecido cualquier destino dentro del cuerpo. El ministro ha solicitado que se le releve de responsabilidades mientras se analiza su actuación.
Según la querella, la agente sostiene que el 23 de abril de 2025, cuando prestaba servicio en una comisaría de Madrid, recibió la orden de acudir con un vehículo camuflado a un restaurante donde el entonces DAO se encontraba comiendo con otro mando. Posteriormente, siempre conforme a su versión, fue requerida para trasladarlo a la vivienda oficial que ocupaba, propiedad del Ministerio del Interior. Allí, el mando habría agredido sexualmente a su subordinada, prevaliéndose de su autoridad, hasta que la mujer logró huir del inmueble.
La denunciante afirma que, tras lo sucedido, sufrió presiones directas del propio denunciado e indirectas de otros responsables policiales para que no acudiera a la Justicia. Actualmente se encuentra de baja psicológica, con retirada del arma reglamentaria e incapacidad médica para el servicio.
El abogado de la agente, Jorge Piedrafita, calificó los hechos de «muy graves» y aseguró que la querella cuenta con prueba objetiva. Asimismo, solicitó al Ministerio que adopte todas las medidas necesarias para proteger a la funcionaria, que ha denunciado a su máximo superior jerárquico por unos hechos que, a su juicio, no deberían haberse producido en el seno del cuerpo.
