«Ser es defenderse», RAMIRO DE MAEZTU
prometieron defender con su «sangre» la Constitución

Marlaska suspende de empleo a tres de los guardias civiles que criticaron la amnistía

El ministro del Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska. Europa Press

El director general de la Guardia Civil, Leonardo Marcos, ha ordenado abrir expediente por «falta muy grave» y la «suspensión cautelar de tres meses» a dos miembros del Instituto Armado que pertenecen a la Asociación Pro-Guardia Civil (APROGC) y a otro de Justicia Guardia Civil (JUCIL) por sus manifestaciones contra la ley de amnistía que pactó el PSOE con Junts y ERC, según han confirmado fuentes del Ministerio del Interior.

En concreto, la Guardia Civil ha abierto los expedientes a un sargento primero y un guardia civil, ambos miembros de APROGC, por el comunicado en el que cargaron contra la amnistía, aludiendo en el mismo a su juramento como militares para «derramar sangre» en defensa de España y la Constitución.

En el tercer caso, la Benemérita ha expedientado a un guardia de la asociación JUCIL al criticar la «felonía» que suponía que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, defendiera la amnistía ante el Comité Federal del PSOE.

Según ha adelantado eldiario.es, la orden del director general contra los tres agentes «incluye la medida cautelar de que se les aparte del servicio inmediatamente y por el plazo de tres meses mientras se resuelve el expediente».

Leonardo Marcos ya ordenó el pasado viernes abrir una investigación para identificar a los responsables de APROGC e iniciar el procedimiento disciplinario por el comunicado en el que expresaron su «profunda preocupación» por el pacto entre PSOE y partidos separatistas catalanes en lo relativo a la ley de amnistía. En el mismo, recuerdan su juramento «ante la Bandera como militares», por el que están «dispuestos a derramar hasta la última gota de sangre en defensa de la soberanía e independencia de España y de su ordenamiento constitucional».

El pasado 29 de octubre, la Guardia Civil también anunció que había dado la orden a los servicios jurídicos para estudiar posibles consecuencias disciplinarias y legales contra otra asociación, JUCIL —en este caso, la mayoritaria en el Consejo del cuerpo—, por «quebrantar el principio de neutralidad política» al criticar la «felonía» que suponía que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, defendiera la amnistía ante el Comité Federal del PSOE.

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