La producción de tomate fresco en España ha sufrido una drástica caída desde la firma del Acuerdo Comercial Agrícola entre la Unión Europea y Marruecos en 2012.
En la última década, la producción nacional ha retrocedido un 30,71%, mientras que las exportaciones han disminuido un 38,73%. Mientras tanto, Marruecos ha aprovechado la apertura del mercado europeo, aumentando sus envíos a la UE en un 42,5%, pasando de 345.416 toneladas en 2014 a 492.438 en 2023.
Ese mismo año, el país norteafricano superó a España como el segundo mayor proveedor de tomate de la UE, sólo por detrás de Países Bajos. La competencia es desigual, ya que los productores marroquíes operan con costos significativamente más bajos por las diferencias salariales, fiscales y regulatorias.
Juan Jesús Lara, presidente del Comité del Tomate, junto con Andrés Góngora, portavoz de COAG, y Dori Blanque, representante de Asaja, coinciden en que los tomates marroquíes llegan a la UE a precios por debajo del mínimo exigido. De acuerdo con datos de la FAO recogidos por Hortoinfo, en 2021, los productores marroquíes cobraban en promedio 23 céntimos por kilo, incluso menos que en 2012, cuando percibían 25 céntimos.
Entre las causas de este supuesto fraude destaca el método de cálculo de los precios de entrada, que no diferencia correctamente entre variedades. Un informe de COAG estima que, debido a este desajuste, en los últimos cinco años se han dejado de recaudar 71,7 millones de euros en aranceles. Tanto Asaja como COAG han solicitado en repetidas ocasiones al Ministerio de Agricultura los datos sobre las liquidaciones en frontera sin obtener respuesta.