Un sobrino del expresidente del Gobierno Felipe González (PSOE) llamado Juan María González Mejías figura entre los 18 investigados por la Justicia en una de las piezas de la macrocausa relacionada con las millonarias ayudas públicas destinadas a Santana Motor durante los gobiernos socialistas de Andalucía. El Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla trata de esclarecer posibles irregularidades en la utilización de fondos de la Junta para financiar compromisos adquiridos con los trabajadores afectados por el cierre de la histórica factoría automovilística de Linares (Jaén).
González Mejías, que formó parte del Consejo Rector de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), ha sido citado a declarar el próximo 1 de diciembre. Su nombre aparece en una resolución judicial dictada el 16 de octubre por el magistrado José Ignacio Vilaplana, quien también ha llamado a comparecer a antiguos responsables políticos y altos cargos de la Administración autonómica.
La investigación se centra en la gestión del denominado Plan Linares Futuro, promovido por el Ejecutivo andaluz en 2011 para afrontar las consecuencias laborales de la desaparición de Santana Motor. El procedimiento, iniciado en marzo de 2025, examina la posible comisión de delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y falsedad documental.
Casi 2,8 millones de euros bajo sospecha
Uno de los principales elementos de la instrucción es el presunto perjuicio económico ocasionado a las arcas autonómicas, que el magistrado cifra provisionalmente en 2.776.265 euros. Los fondos cuestionados se distribuyeron mediante distintas operaciones relacionadas con ayudas a antiguos empleados de Santana Motor y de compañías vinculadas a su actividad industrial.
Según recoge el auto judicial adelantado por ABC, una parte de ese dinero, concretamente 919.032,35 euros, se destinó a anticipos abonados a 750 extrabajadores sin que, presuntamente, existiera la correspondiente concesión administrativa de las ayudas. La agencia autonómica tampoco habría iniciado los procedimientos necesarios para recuperar las cantidades desembolsadas.
Otra de las operaciones examinadas corresponde a un préstamo de 1.497.343,36 euros concedido a la Asociación Promoción Social 28 de Febrero, entidad relacionada con el pago de prestaciones sociolaborales y vinculada a actuaciones investigadas en el caso de los ERE de Andalucía.
El instructor cuestiona la verdadera naturaleza de esta operación financiera y plantea que el contrato pudo utilizarse para revestir de legalidad desembolsos públicos destinados a trabajadores de empresas proveedoras de Santana. Según la resolución, el préstamo carecía de garantías suficientes de devolución y habría permitido atender compromisos económicos sin el respaldo normativo necesario.
A estas cantidades se añaden 359.889,34 euros distribuidos entre antiguos empleados de Matresur, una de las empresas auxiliares de la fábrica jiennense. La investigación sostiene que tampoco se promovió la recuperación de estos fondos pese a las posibles irregularidades detectadas.
Más de 44 millones canalizados tras la liquidación de Santana
El procedimiento también pone el foco en las decisiones económicas adoptadas después del 29 de abril de 2011, fecha en la que Santana Motor acordó su liquidación.
Pese al cierre de la compañía, IDEA habría continuado impulsando operaciones financieras mediante su filial Incuba, a través de distintas ampliaciones de capital que permitieron movilizar más de 44 millones de euros.
El magistrado pretende determinar si estas actuaciones respetaron las normas presupuestarias y si las cantidades transferidas se utilizaron realmente para las finalidades autorizadas.
En este contexto, el auto examina el funcionamiento de las denominadas transferencias de financiación, un procedimiento empleado por la Administración andaluza para trasladar recursos económicos a sus entidades instrumentales.
La investigación trata de aclarar si este sistema permitió eludir determinados controles administrativos y fiscales para atender obligaciones contraídas por la Junta con los sindicatos UGT y CCOO, al margen de los procedimientos legalmente establecidos.
Antiguos altos cargos socialistas, entre los investigados
La relación de personas llamadas a declarar incluye a destacados representantes de anteriores gobiernos andaluces del PSOE y antiguos integrantes de los órganos de dirección de IDEA.
Entre ellos figura Antonio Ávila Cano, que ocupó la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia y presidió el Consejo Rector de la agencia. También aparecen los exviceconsejeros Luis Nieto Ballesteros y Justo Mañas Alcón, así como Antonio Valverde Ramos, antiguo director general del organismo público.
La lista se completa, entre otros, con Francisco José Morillo Sánchez, Juan Carlos Soriano Hernández, Francisco Triguero Ruiz e Isabel de Haro Aramberri, quienes ejercieron como vocales de la entidad.
Especial relevancia tiene también la presencia de Francisco del Río Muñoz, fundador del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía y responsable de este departamento durante tres décadas, entre 1982 y 2012. Al igual que el sobrino de Felipe González, Del Río participó en el Consejo Rector de IDEA, organismo cuyas decisiones económicas están siendo examinadas por el juzgado.
Su declaración está prevista para el 26 de noviembre, mientras que González Mejías deberá acudir a los juzgados sevillanos el 1 de diciembre. Las comparecencias de los investigados se distribuirán entre los días 24 y 26 de noviembre y el 1 de diciembre, después de que seis testigos presten declaración el 23 de noviembre.
