Entre 2017 y 2024 la Fiscalía General del Estado abrió 57.001 expedientes para determinar la edad de extranjeros que aseguraban ser menores no acompañados. De todos ellos, 13.390 terminaron archivados sin que se llegara a practicar prueba alguna, y la razón figura por escrito en las memorias anuales del propio Ministerio Fiscal consultadas por LA GACETA.

Hasta 2021 se habla de «incomparecencias del interesado a la hora de someterse a las pruebas médicas» y desde 2022 de «abandono de los centros antes de poder practicarse diligencias». Traducido, casi uno de cada cuatro presuntos menores se marchó del centro antes de que nadie pudiera comprobar cuántos años tenía.

Fugas para evitar expulsiones

Para entender la magnitud del agujero hay que seguir el recorrido de un expediente. Cuando la Policía o la Guardia Civil localizan a un extranjero indocumentado que dice ser menor, dan cuenta al fiscal, que ordena las pruebas médicas y, mientras llegan los resultados, el interesado ingresa en un centro de protección de la comunidad autónoma bajo tutela provisional. Semanas o meses después el fiscal dicta un decreto que lo declara menor o mayor de edad, salvo que el expediente se archive porque ya no hay a quién examinar. En ocho ejercicios hubo 25.951 decretos de minoría, que suponen el 46% del total, 17.086 de mayoría, el 30%, y 13.390 archivos, el 24% restante. Entre quienes sí llegaron a la prueba, cuatro de cada diez resultaron ser adultos.

Sobre la razón de estas fugas, las fuentes policiales consultadas por LA GACETA no albergan dudas. El que abandona el centro antes de la prueba lo hace siempre porque sabe que es adulto y conoce lo que viene después del decreto de mayoría de edad, esto es, un expediente de expulsión a su país de origen. A ese motivo se añade otro de mayor calado en los casos en que el interesado se ha visto envuelto en algún ilícito penal durante su estancia. Mientras conste como menor, cualquier delito se tramita como expediente de reforma ante la Fiscalía de Menores, con medidas educativas y sin antecedentes; si el decreto lo declara adulto, esos mismos hechos pasan a la jurisdicción ordinaria y a la cárcel. Desaparecer antes de la radiografía evita las dos cosas de golpe.

2018, el año de la llegada a La Moncloa de Sánchez

Hay un año en la serie que sobresale por encima del resto. En 2018, cuando Pedro Sánchez acababa de llegar a La Moncloa, los archivos se dispararon hasta 4.663, el 38% de los expedientes resueltos ese ejercicio y más de un tercio de todas las fugas acumuladas en ocho años. Aquel verano, el mismo del Aquarius, la avalancha de pateras desbordó los centros andaluces sin que el Gobierno recién estrenado impusiera control alguno sobre quién salía de ellos. En 2021 y 2022, con muchas menos llegadas, la proporción se mantuvo entre el 27% y el 29%, lo que apunta a que el problema no depende del volumen de entradas. En 2023 los archivos fueron 1.755 y en 2024 bajaron hasta 1.280, un 17% que es la cifra más baja desde 2017.

Las cautelas también cuentan, y son las que hacen el dato inatacable. La Fiscalía advierte de que 249 archivos de Algeciras en 2020 correspondían a menores cuya edad quedó acreditada por otra vía, y el pico de 2018 arrastra expedientes duplicados por la saturación de aquel verano. Descontado todo ello, la cifra sigue holgadamente por encima de los 13.000 en los últimos ocho años.

Lo que el sistema prefiere no medir

A este cuadro se añade una laguna que lo agrava. Desde 2021 la Fiscalía dejó de publicar cuántos menores no acompañados tutela cada comunidad autónoma y se limita a ofrecer el total del Registro, que ha pasado de 9.294 en 2021 a 16.041 en 2024. El sistema tutela hoy a más personas que nunca, comprueba la edad de una parte de ellas y pierde de vista a una de cada cuatro antes de llegar a comprobarla, y ninguna administración ha explicado qué ocurre después con esos 13.390 expedientes. No consta que se inicie una búsqueda, que se cruce el dato con los registros de otras comunidades ni que se traslade a la Policía para localizar al fugado.

La pregunta que debería contestar el Gobierno es cuántos adultos han pasado por el sistema de protección de menores en los últimos ocho años. La respuesta oficial es que no se sabe, porque a 13.390 de ellos nadie llegó a medirlos, y un sistema que presume la minoría de edad, asigna plaza y recursos y luego deja marchar a una cuarta parte de sus tutelados sin haber verificado quiénes son no está protegiendo a los menores, sino repartiendo tutelas a ciegas.