La Xunta, bajo mandato del PP gallego, ha respaldado un plan de la Real Academia Gallega para «galleguizar» más de 2.500 topónimos, borrando del mapa denominaciones tradicionales en español, según informa El Debate.

El proceso, aún pendiente de aprobación formal por el Consello de la Xunta, afectará a 14 ayuntamientos, 183 parroquias y 2.335 lugares. Nombres como Castro Caldelas pasarán a ser oficialmente «O Castro de Caldelas», en un intento deliberado por eliminar toda huella de la lengua común que une a Galicia con el resto de España.

Y todo ello sin que medie una demanda ciudadana real ni un debate abierto sobre el alcance cultural y político de esta transformación. Se invoca la «Ley de Normalización Lingüística», aprobada en los años ochenta en un clima de repliegue identitario, para justificar que «los topónimos de Galicia tienen como única forma oficial la gallega».

Lo que se presenta como una simple «actualización técnica» es en realidad un paso más en la política de exclusión del español en Galicia. Un proyecto que el PP respalda, en un nuevo intento de congraciarse con el nacionalismo gallego bajo la bandera de la «normalización».

El consejero de Cultura, Lengua y Juventud, José López Campos, ha justificado los cambios con una retórica digna de los promotores del BNG: hay que «salvaguardar la identidad que nos define como pueblo», «difundir la relevancia de conservar la denominación de nuestros lugares» y «recuperar microtopónimos».

La revisión ha implicado el estudio de 4.398 topónimos y más de 13.000 cuestiones geográfico-administrativas. Se han corregido «errores» de 2003, se ha incluido el uso de artículos y se han sumado 1.655 nombres nuevos, hasta alcanzar 42.909 registros oficiales. Todo con un único patrón: eliminar del nomenclátor cualquier forma castellanizada.

Mientras la izquierda gallega y el nacionalismo siguen impulsando el separatismo lingüístico, el PP en Galicia ha preferido ceder una vez más.