Miles de personas con movilidad reducida permanecen atrapadas en sus hogares desde el pasado 29 de octubre, debido a que aproximadamente dos tercios de los 10.000 ascensores afectados por las inundaciones en la Comunidad Valenciana siguen fuera de servicio. Las riadas, provocadas por la DANA, han generado una situación que limita gravemente la capacidad de desplazamiento de estas personas.
El presidente de Ascencoval, Emilio Carbonell, ha informado de que, aunque no existe un censo preciso, se estima que unos 6.600 ascensores en las áreas afectadas por las crecidas del río Magro y el barranco del Poyo continúan inoperativos. Este problema no se resuelve simplemente con el restablecimiento de la electricidad, ya que los elevadores necesitan reparaciones complejas, como la limpieza de fosos llenos de barro, sustitución de puertas dañadas y reparación de motores y componentes electrónicos.
Las tareas de emergencia iniciales, centradas en garantizar el suministro de alimentos, agua, luz y gas, han dado paso a esfuerzos orientados a recuperar una cierta normalidad. Entre estas acciones prioritarias se encuentra la reparación de los ascensores para que todos los vecinos puedan salir y entrar de sus hogares sin dificultades. Sin embargo, los costes de estas intervenciones oscilan entre los 1.000 y los 60.000 euros, dependiendo del grado de daño sufrido.
De los ascensores averiados, uno de cada tres ya está en funcionamiento, mientras que otro tercio podría ser reparado en un plazo relativamente corto. Los más afectados, con graves destrozos en cabinas y sistemas de seguridad, podrían tardar varios meses o incluso medio año en ser operativos de nuevo. Un caso especialmente crítico es el de los montacoches hidráulicos, cuyo equipamiento suele estar ubicado en los sótanos, las zonas más inundadas.
En contraste, aquellos ascensores donde el agua no superó el metro de altura y no alcanzó las cabinas han podido ser restaurados con mayor rapidez, una vez retirado el lodo y limpiadas las estructuras. Carbonell ha destacado que el 29 de octubre los servicios de emergencia para rescatar a personas atrapadas en las cabinas se triplicaron, siendo una jornada caótica y sin precedentes para los técnicos.
Mientras tanto, las comunidades de vecinos han recurrido a diversas estrategias para agilizar las reparaciones, como adelantar fondos propios mientras esperan que los seguros y el Consorcio actúen. En los 75 municipios afectados, centenares de personas continúan viviendo un confinamiento involuntario. Entre ellas se encuentran mayores, personas con discapacidades, convalecientes y familias monoparentales, para quienes esta situación genera ansiedad y frustración.
Con el apoyo de servicios sociales y varias ONG, se está trabajando para mitigar las consecuencias de este aislamiento. Equipos de voluntarios entregan diariamente alimentos y artículos esenciales directamente en las puertas de los afectados, un esfuerzo que busca aliviar las dificultades que enfrentan mientras los ascensores siguen sin funcionar. La patronal del sector también ha redoblado esfuerzos, priorizando estas reparaciones sobre otros trabajos menos urgentes, en un intento de responder a la magnitud de la crisis generada por las inundaciones
