España ha superado ya las 7.000 entradas ilegales en lo que llevamos de 2026. Según los datos provisionales del Ministerio del Interior correspondientes al período del 1 de enero al 15 de abril, se han registrado 7.030 inmigrantes llegados por vías marítima y terrestre. Una cifra extremadamente elevada para los primeros tres meses y medio del año que evidencia la magnitud del problema de la inmigración ilegal en nuestro país.
El dato más alarmante y que concentra toda la preocupación se registra en Ceuta. Las entradas por vía terrestre a la ciudad autónoma han alcanzado los 1.968 inmigrantes ilegales, frente a las 437 del mismo período de 2025. Esto supone un incremento del 350,3 por ciento, es decir, más de 4,5 veces más inmigrantes que el año anterior. Se trata de un récord histórico en las llegadas terrestres a Ceuta en los últimos cinco años. Para ponerlo en perspectiva, en 2021 se registraron solo 144 entradas terrestres en el mismo período y en 2023 la cifra hasta mediados de marzo era de apenas 179. Ningún año del último lustro se acerca siquiera a las casi 2.000 llegadas registradas en 2026.
Este explosivo aumento en Ceuta coincide temporalmente con la puesta en marcha del decreto de regularización de inmigrantes ilegales impulsado por el Gobierno. Esta medida está generando un potente efecto llamada en las fronteras terrestres, particularmente vulnerables y difíciles de controlar ante la sistemática carencia de recursos humanos y logísticos.
No se trata de un fenómeno aislado. Las llegadas por vía marítima a la Península también muestran un claro repunte con 1.580 inmigrantes, un 22,7 por ciento más que en el mismo período del año anterior. En Baleares la situación es similar, con 1.318 llegadas, lo que representa un aumento del 19,4 por ciento. En conjunto, la Península y Baleares han recibido 2.898 inmigrantes por mar, un 21,2 por ciento más que el año pasado. Incluso en Melilla, aunque las cifras son menores, se observa un incremento con 58 entradas terrestres, un 34,9 por ciento más, y un repunte significativo por vía marítima, pasando de 1 a 9 inmigrantes, un 800 por ciento más.
Estos datos revelan que la presión migratoria no solo se mantiene en niveles altos, sino que se está concentrando de manera preocupante en puntos estratégicos de la frontera sur de Europa, especialmente en Ceuta. La ciudad autónoma se está convirtiendo en el principal foco desde que comenzó el año, con un volumen de llegadas que supera con creces todos los registros del último lustro y que multiplica por más de cuatro veces y media los del año inmediatamente anterior.
Según las fuentes policiales consultadas por este medio, la situación plantea serios desafíos en materia de seguridad, orden público y capacidad de acogida en la ciudad autónoma, donde confiesan sentirse “desbordados”. Un aumento de esta magnitud en tan poco tiempo no puede interpretarse como un hecho coyuntural. Se trata de la consecuencia directa de políticas que, lejos de disuadir la inmigración ilegal, la están estimulando de forma activa. El efecto llamada es evidente y las consecuencias también. Hay saturación de los recursos en Ceuta, necesidad de traslados masivos a la Península ante una inexistente política de expulsiones efectivas y un incremento de la presión sobre los servicios públicos y la convivencia en las ciudades de frontera.
