El Parlamento de Cataluña ha revelado en una respuesta oficial el número de menores extranjeros no acompañados (menas) que han llegado a la comunidad desde el año 2023 hasta noviembre de 2024. De los 4.802 menores contabilizados, más de la mitad, el 52%, proceden de países del Magreb, destacando Marruecos como el país con mayor número de llegadas.
Los datos, proporcionados por la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA), reflejan que 1.908 menores han ingresado desde Marruecos, lo que supone cerca del 40% del total. Argelia es el segundo país magrebí con mayor presencia, con 513 llegadas, seguido de Túnez con 30, Mauritania con 11 y Libia con una. En total, 2.463 menores de origen magrebí han sido acogidos en Cataluña en este periodo, consolidando la región como el principal destino de estos flujos migratorios en España.
Después de Marruecos, Gambia se sitúa como el segundo país de origen con mayor número de menores extranjeros no acompañados, alcanzando las 1.181 llegadas, casi el 25% del total. Otras nacionalidades con una presencia significativa son Guinea, con 128 menores, y Senegal, con 506. En menor medida, la comunidad paquistaní también tiene representación con 172 menores acogidos, mientras que otros países como Egipto, India, Ucrania o Venezuela figuran con cifras reducidas.
En términos de género, el informe parlamentario constata que la gran mayoría de estos menores son varones, con 4.622 registrados, lo que equivale al 96% del total. En contraste, sólo 178 son mujeres, lo que representa el 3,7%, mientras que dos menores se identifican como no binarios.
Los datos también desglosan la distribución territorial de los menores en Cataluña, donde Barcelona y su área metropolitana concentran la mayor parte de los acogidos. En el Barcelonès se encuentran 2.679 menores, seguido de comarcas como el Gironès, con 602, el Segrià, con 363, y el Tarragonès, con 312.
El informe del Parlamento pone en evidencia una carencia en el control sobre la edad real de los menores. La DGAIA ha reconocido que no dispone de datos sobre cuántos de estos jóvenes han presentado documentación falsificada o han sido sometidos a pruebas médicas que determinaron que, en realidad, eran mayores de edad. La responsabilidad de establecer la edad recae exclusivamente en el Ministerio Fiscal, que se apoya en informes de la Policía Científica para evaluar la fiabilidad de los documentos de identidad presentados por los menores.
La DGAIA ha advertido que, aunque las pruebas médicas pueden señalar la mayoría de edad, la comunidad científica coincide en que estos procedimientos tienen márgenes de error significativos. Por ello, defienden que las administraciones deben actuar con prudencia y mantener las medidas de protección hasta que haya una resolución judicial definitiva sobre la edad del individuo.