Un estudio sociológico del Gobierno vasco ha revelado que una amplia mayoría de ciudadanos (el 61,6%) ya se decantan por establecer limitaciones al actual flujo de menores extranjeros no acompañados (menas) que llegan al País Vasco. Actualmente, alrededor de un millar de estos jóvenes se encuentran repartidos entre las tres provincias vascas, y una parte significativa de la población defiende medidas más restrictivas. En concreto, un 20,9% considera que deberían ser retornados a sus países de origen, mientras que un 1,7% apuesta directamente por impedir su entrada en la frontera.
El Gobierno de Pradales (PNV) ha señalado que el País Vasco se ha convertido en la «frontera norte» de los flujos migratorios en España, a pesar de que el porcentaje de población extranjera en la comunidad autónoma se sitúa en un 13,1%. No obstante, la percepción entre los ciudadanos es muy diferente, ya que muchos creen que el número de inmigrantes es más del doble del registrado oficialmente, una sensación especialmente extendida entre las mujeres.
Más allá de los menores, la demanda de establecer controles más estrictos sobre la inmigración en general también ha aumentado. El 52,8% de los encuestados considera que solo deberían permitirse nuevas entradas si la persona extranjera cuenta con un contrato de trabajo. Este porcentaje, el más alto de la última década, refleja un endurecimiento en la postura de la sociedad vasca respecto a la inmigración. Además, un 17,2% propone otros requisitos adicionales de tipo legal, mientras que un 24,2% sigue defendiendo la libre entrada sin condicionantes.
La situación de los inmigrantes en situación ilegal también genera posturas firmes. Según el Instituto Vasco de Inmigración, un 50,8% de los vascos opina que tener un empleo debe ser el factor determinante para conceder el permiso de residencia a quienes llegan sin documentación. Además, el porcentaje de ciudadanos que defienden la expulsión de inmigrantes sin papeles ha subido al 6,4%, más del doble que en 2023, cuando sólo el 2,7% de los encuestados respaldaba esta medida.
Este endurecimiento en la opinión pública vasca es más notorio entre las mujeres. De hecho, un 7,5% de ellas considera que los inmigrantes en situación irregular deberían ser expulsados del país. Este cambio de actitud refleja una creciente preocupación por el impacto de la inmigración en la comunidad y el crecimiento de la inseguridad.
