Trabajadores del centro de menas de la Casa de Campo han denunciado presuntas conductas inapropiadas por parte de algunas educadoras sociales hacia los menores bajo su tutela. Estas acusaciones incluyen «abusos sexuales y contactos indebidos» que se habrían producido dentro de las instalaciones. Para hacer frente a esta situación, se alertó a la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid a través de una misiva enviada en octubre, según reveló el diario Público.
Las primeras advertencias sobre posibles relaciones indebidas entre empleados y residentes se remontan al año 2020, aunque la primera denuncia formal no se presentó hasta septiembre de 2024. En esa ocasión, un menor, visiblemente alterado, expuso que una educadora del centro había intentado besarlo y acosarlo, según avanza El Mundo. También aseguró haber sido testigo de situaciones comprometedoras entre esta trabajadora y otros internos, a quienes identificó por sus nombres. Según su testimonio, la educadora mantenía encuentros nocturnos con un joven, cerraba la puerta de su habitación y bajaba la persiana. Además, afirmó que la trabajadora mantenía contacto a través de las redes sociales con otros tres menores.
Tras recibir la denuncia, la dirección del centro, gestionado por la Fundación Antonio Moreno, inició una investigación interna y notificó los hechos a la Policía Nacional. La directora del centro solicitó a otros empleados que evaluaran el comportamiento de la educadora señalada. Varios de ellos mencionaron que su actitud resultaba sospechosa, ya que en ocasiones dejaba las llaves de los módulos a los internos, abandonaba su puesto sin justificación y permitía actitudes físicas inapropiadas por parte de algunos menores.
En respuesta a estos acontecimientos, la Comunidad de Madrid explicó que la mediadora intercultural implicada fue despedida de inmediato en septiembre de 2024, tras detectarse conductas de contenido sexual con dos jóvenes. Asimismo, otra trabajadora no vio renovado su contrato al finalizar su vínculo con la institución. La administración regional también indicó que abrió diligencias informativas y puso en marcha medidas de apoyo psicológico para los afectados.
Pese a la gravedad de los hechos denunciados, la Policía Nacional no impuso medidas cautelares contra la trabajadora señalada. Sin embargo, las investigaciones continuaron y la administración madrileña recabó información detallada sobre lo sucedido. Dos empleados del centro subrayaron que llevaban tiempo advirtiendo a las autoridades sobre la inadecuación del recurso para atender a menores con perfiles especialmente conflictivos.
