El Gobierno de Pedro Sánchez cierra el curso parlamentario más frágil que nunca, tras encadenar más de 40 derrotas en el Congreso en apenas siete meses y sin lograr consolidar una mayoría parlamentaria estable. Pese al tono triunfalista del presidente en su balance de la legislatura, la realidad es que el Ejecutivo ha evitado someter a votación varios de sus proyectos más relevantes por la falta de garantías entre sus socios.
Desde enero hasta julio, muchos de los 14 plenos celebrados se han limitado a dos jornadas por la ausencia de contenido legislativo. El Gobierno presume de haber aprobado diez leyes, aunque ocho de ellas han sido mediante decretos y centradas en medidas de consenso, como el apoyo al transporte o las entregas a cuenta a comunidades autónomas.
En cambio, iniciativas como la reforma de la jornada laboral, la ley de familias o el nuevo intento de reforma judicial han quedado congeladas ante la incertidumbre de respaldo parlamentario. Tampoco se han presentado los Presupuestos Generales del Estado ni los objetivos de estabilidad, a pesar de las promesas reiteradas de Sánchez.
El decreto energético, diseñado para cerrar el curso con una imagen de unidad, acabó siendo rechazado en el último pleno, sumando los votos en contra no sólo de la oposición, sino también de Junts, Podemos y el BNG. Un síntoma claro de la fragilidad del bloque de investidura.
La legislatura también ha estado marcada por las cesiones constantes del Gobierno a Junts, que pese a obtener amnistía, promesas sobre el catalán en la Unión Europea y traspasos de competencias, mantiene su pulso a la Moncloa para obtener más poder municipal y territorial.
En cuestiones clave como vivienda, energía o defensa, el Gobierno ha vuelto a quedarse solo o ha sufrido fracturas internas, dejando iniciativas en suspenso o forzado a reorientarlas. Incluso propuestas de sus socios han sido tumbadas por la falta de apoyos dentro del bloque.
A pesar de ello, desde el Ejecutivo se intenta minimizar el alcance de las derrotas. En Moncloa apuntan que 42 leyes y decretos se han publicado en el BOE y otras tantas están en trámite. Pero con una legislatura estancada, socios cada vez más exigentes y casos de corrupción cercando al partido, el panorama tras el verano se presenta cuesta arriba para Pedro Sánchez.