El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha vuelto a poner la alfombra roja a una república islámica con un oscuro historial en cuanto al respeto a los derechos humanos. En su reciente intervención en Nuakchot, el presidente no ahorró halagos hacia el presidente mauritano, Mohamed Ould Ghazouani, y su “visión de país”, su “liderazgo político” y su “hospitalidad”. Llegó a afirmar que las relaciones entre España y Mauritania atraviesan un momento “extraordinariamente positivo” y no dudó en presentar al país como “una tierra llena de oportunidades fundamentales no sólo para España, sino también para el conjunto de la Unión Europea”.
Sánchez incluso puso a Mauritania como ejemplo de “estabilidad” en la región y aseguró que España “apuesta y cree en las potencialidades de Mauritania” dentro de una “prosperidad compartida”. La intervención se enmarcó en la clausura del primer Consejo Empresarial Hispano-Mauritano, en el que Sánchez recordó el paquete anunciado en febrero de más de 200 millones de euros en apoyo a inversiones españolas en el país y prometió un mayor acompañamiento institucional para fomentar la implantación de empresas españolas en sectores como las energías renovables, la pesca, la economía azul o el turismo sostenible.
El presidente presumió de que Mauritania ocupa ya un lugar “prioritario” en la llamada Alianza África Avanza, junto a Senegal, y destacó que “España ya es el primer cliente y tercer proveedor de Mauritania entre los Estados miembros de la Unión Europea”.
Sin embargo, en su larga intervención no hubo una sola referencia a las graves vulneraciones de derechos humanos que organismos internacionales llevan años documentando en Mauritania. El Parlamento Europeo ha señalado en varias resoluciones que el país sigue practicando formas de esclavitud y discriminación sistemática por origen étnico. Amnistía Internacional ha denunciado detenciones arbitrarias y represión de activistas y periodistas críticos con el Gobierno, además de trabas legales y sociales a la libertad de expresión, de reunión y de asociación.
A esto se suma una alarmante regresión contra los derechos de mujeres y personas homosexuales. Según Freedom House, las mujeres continúan sufriendo violencia machista, mutilación genital femenina, matrimonio infantil y falta de acceso efectivo a la justicia. En paralelo, la homosexualidad permanece criminalizada: los hombres pueden enfrentarse a la pena de muerte por lapidación (aunque existe una moratoria de facto) y las mujeres a penas de prisión de hasta dos años. Pese a estas evidencias, Sánchez ni siquiera mencionó la protección de los derechos básicos de estas poblaciones vulnerables.
Mauritania, además, es uno de los principales puntos de origen de la inmigración ilegal que llega a España. Según datos del propio Ministerio del Interior, miles de inmigrantes parten cada año desde las costas mauritanas rumbo a Canarias, poniendo en evidencia que ni la supuesta “estabilidad” del régimen ni su “liderazgo político” son suficientes para frenar las salidas irregulares.
El presidente se felicitó incluso por los avances “en estos últimos años en nuestra relación bilateral” y definió a España como “un país dinámico, en transformación”, que “elige la prosperidad compartida”. Una retórica que contrasta con la realidad sobre el terreno: un país africano donde los derechos fundamentales siguen sin garantizarse y del que huyen miles de jóvenes rumbo a las costas españolas cada año.
