La semana que el Tribunal Constitucional avala el aborto aparece Zapatero para recordarnos que su herencia, además de una crisis económica, legaba cosas mucho más trascendentales para la convivencia y el futuro de la nación como una revolución antropológica a través de ingeniería social y la ley de memoria histórica, piedra angular y motor que impulsa esta segunda transición.
A menudo se despacha esta norma como el intento adolescente de reescribir la historia y ganar la guerra que perdieron sus abuelos, puro revanchismo. Y es todo eso, pero es mucho más que eso. Se trata, sobre todo, de una nueva legitimidad que normalice cosas antes inverosímiles como la resurrección del Frente Popular con terroristas al frente, no ya de una comunidad, sino marcando el paso al Gobierno de la nación de la mano del golpismo catalán. Otegui, ya no es la derechona dando la matraca, podría ser lehendakari el próximo año.
Y todo, según avisa Zapatero, en un clima de tranquilidad y sosiego, en un país pacificado, no sólo porque no tengamos terrorismo, sino porque Cataluña «ha avanzado en diálogo». Mejor aún es que reconozca que Bildu es el brazo político de ETA, pues así refuta a quienes, como la presidencia de la Mesa del Congreso, se ponen exquisitos cada vez que alguien llama filoterrorista a un diputado de Bildu. «Les dijimos a quienes apoyaban el terror en su día que si dejaban el terror tendrían juego en las instituciones, y eso hay que mantenerlo».
Claro que hay quien avisó de la que se venía encima con un análisis lleno de lucidez: aquello no era una tregua más, sino el nacimiento de un proyecto rupturista. Jaime Mayor Oreja lo supo ver en 2007 y sus predicciones no es que hayan envejecido bien, es que podrían pasar por el editorial de la prensa de mañana y nadie se daría cuenta.
Ese 2007, por cierto, el PP comenzó a agrietarse en dos: mientras Rajoy sacaba a millones de españoles a la calle en protesta por la negociación entre Zapatero y ETA para acabar traicionándoles al año siguiente («José Luis, haz lo que tengas que hacer», acabó diciéndole al entonces presidente), Mayor Oreja decía todo esto: «Es inmoral que un Gobierno utilice a ETA y la legalice para laminar a la oposición y perpetuarse en el poder». «El proyecto del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, necesita indispensablemente a ETA para debilitar la nación española y sus valores». «Zapatero necesita una presencia legalizada y parcialmente legitimada de ETA en la escena política. Por eso no es casual, por eso este empecinamiento que forma parte de la negociación política de ETA como un elemento esencial de su propio proyecto político». «De todos los problemas reales que tenemos en España, el primero de todos es el de la nación».
Desde luego, las grandes verdades son siempre las más incómodas, por eso quienes predican en el desierto acaban silenciados. Si José Antonio Ortega Lara y Santiago Abascal abandonaron el PP, María San Gil y Mayor Oreja fueron arrinconados en el partido en que Borja Sémper y Cuca Gamarra son hoy la vanguardia discursiva de quien está llamado a presidir España la próxima legislatura.
Estos precedentes proyectan un escenario en el que es difícil imaginar a Feijoo fulminando toda la ingeniería social del PSOE. Si hoy padecemos las leyes 2.0 del zapaterismo es porque el PP no derogó entonces la primera versión. La paradoja es que Rajoy, que arrasó con una mayoría absoluta de 186 escaños en 2011, acabó con Zapatero pero no con el zapaterismo, cuyo corpus ideológico mantuvo incorrupto.
Esta semana dos noticias nos han recordado que las rendiciones se pagan. La primera: el Tribunal Constitucional ha avalado la ley del aborto que el PP recurrió en 2010 y sobre la que no se atrevió a pronunciarse cuando fue controlado por Génova durante más de una década. El PSOE, que sabe que con la ideología no se juega, colocó hace unos meses a Conde-Pumpido al frente del tribunal para blindar todas sus fechorías. La nueva composición del TC, huelga decirlo, fue posible gracias al acuerdo Ferraz-Génova.
Segunda noticia: Bildu incorpora a sus listas electorales en el País Vasco y Navarra a 44 condenados por su relación con ETA. O sea, a 44 terroristas. Si esto es posible es porque otro socialista al frente del Constitucional, Pascual Sala, permitió al partido de Otegui presentarse a las elecciones municipales de 2011 al revocar la anulación de 254 listas dictada por el Supremo.
A esto, como a los Eguiguren, Madina, López o Sémper, le llaman constitucionalismo; a iluminar Cibeles con la bandera británica o dedicarle una plaza a Margaret Thatcher, patriotismo.
