La dirección del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), dependiente del Ministerio de Sanidad, está siendo señalada por profesionales del Hospital Universitario de Ceuta (HUCE) por supuestas presiones para evitar que trascienda la situación que atraviesa el sistema sanitario de la ciudad autónoma, según publica El Español.
Según fuentes sanitarias varios médicos aseguran haber recibido presuntas amenazas y coacciones verbales relacionadas con sus declaraciones públicas sobre las condiciones asistenciales del hospital. Entre los testimonios recabados figura el de profesionales que aseguran haber escuchado que «cuando esto pase habrá consecuencias para todos aquellos que hayan hablado».
Las mismas fuentes sostienen que algunos trabajadores temen incluso consecuencias laborales por haber realizado declaraciones ante los medios de comunicación. Entre los profesionales existe preocupación por posibles no renovaciones de contratos, aunque estos extremos no han sido denunciados formalmente por los afectados, según las fuentes consultadas.
Ante estas denuncias, la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) ha mostrado su respaldo a los facultativos y ha advertido de que no permitirá que ningún médico sea coaccionado por denunciar las deficiencias de la sanidad ceutí.
La organización considera que, si se confirman los hechos, se trataría de una actuación «absolutamente inadmisible» dentro de una institución pública y de un intento de utilizar la posición jerárquica para intimidar a los profesionales y limitar su libertad de expresión.
CESM recuerda que los problemas sanitarios de Ceuta no son recientes y que los sindicatos llevan años reclamando medidas ante la falta de profesionales, la presión asistencial y las condiciones laborales existentes.
El sindicato ha criticado especialmente que algunos responsables directivos puedan estar más preocupados por controlar las declaraciones de los trabajadores que por atender las reclamaciones planteadas por quienes desarrollan su actividad en primera línea.
En este contexto, CESM recomienda a los profesionales que hayan recibido presiones por hablar ante los medios que comuniquen los hechos al Sindicato Médico de Ceuta, que ofrecerá asesoramiento y apoyo jurídico.
La organización estudiará además posibles acciones legales si se acreditan amenazas, coacciones, represalias laborales u otras actuaciones destinadas a impedir que los sanitarios expresen sus opiniones.
CESM reclama al Ingesa y al Ministerio de Sanidad que aclaren las denuncias y garanticen que ningún profesional sufrirá represalias por sus declaraciones. Las denuncias han llegado también al Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, que ha admitido a trámite una queja presentada por el Colegio de Médicos de Ceuta.
