La directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, aseguró a mandos de la Unidad Central Operativa (UCO) que no conocía a Leire Díez, exmilitante socialista investigada por sus presuntas maniobras contra agentes del Instituto Armado, pese a que ya había mantenido con ella al menos dos encuentros.
La conversación se produjo el 29 de mayo de 2025, en plena crisis interna por la campaña atribuida a las denominadas «cloacas del PSOE» para desacreditar a la UCO, la unidad que investiga algunos de los casos judiciales más sensibles para el Gobierno y el entorno de Pedro Sánchez.
Según declararon el pasado viernes ante el magistrado Santiago Pedraz los generales Rafael Yuste y Alfonso López Malo, González les aseguró entonces que no sabía quién era «esta señora» y que no tenía «ninguna relación con ella». La «señora» era Leire Díez.
La reunión contó también con la presencia del entonces director adjunto operativo de la Guardia Civil, Manuel Llamas. En aquellas fechas, tanto González como Llamas ya conocían la existencia de la campaña contra la UCO. Un mes antes, una nota de despacho elaborada por la Jefatura de Información había alertado de las gestiones de la denominada «trama Cerdán».
La versión ofrecida por González ante los mandos de la UCO choca con lo que ella misma explicó después en el Senado. Allí admitió que conocía a Leire Díez y que se había visto con ella en alguna ocasión. Esa contradicción ha reforzado las sospechas sobre el papel de la cúpula de la Guardia Civil en las maniobras para presionar a los agentes que investigaban causas de alcance político.
Los agentes de la UCO declararon ante Pedraz como testigos y relataron que se les pidió que se «pusieran de perfil» en investigaciones con «carácter político». También señalaron que no era habitual abrir informaciones reservadas contra agentes del Instituto Armado.
Uno de los episodios investigados afecta a un agente de la UCO que recibió una amonestación verbal sin base jurídica por incluir en un informe correos electrónicos entre Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, y David Sánchez, hermano de Pedro Sánchez.
Esa información reservada fue abierta en diciembre de 2024 por decisión del entonces DAO, Manuel Llamas. Según la información publicada, Llamas y el anterior director general de la Guardia Civil, Leonardo Marcos, también habrían presionado en el verano de 2024 a mandos de la UCO para que reflejaran en sus informes que en la causa del hermano del presidente «no había nada» y que la investigación debía quedar cerrada.
El caso apunta ya a los niveles más altos de la Benemérita. En el Ministerio del Interior existe temor a que la actual cúpula de la Guardia Civil acabe imputada por las maniobras para frenar investigaciones judiciales. Las acusaciones populares prevén solicitar en las próximas semanas la imputación de Mercedes González en la causa que instruye el Juzgado de Instrucción número 5.
