El embalse de Alcollarín, situado en la provincia de Cáceres, ha sido el epicentro de un grave desastre ambiental tras el vaciado casi total de sus aguas, una operación llevada a cabo por el Ministerio para la Transición Ecológica. Hasta hace pocos meses, el embalse contenía 50.000 millones de litros de agua, constituyendo un importante ecosistema para la pesca recreativa y la observación de aves acuáticas. Sin embargo, para supuestamente erradicar una especie invasora, el pez Pseudorasbora parva, el Gobierno decidió vaciar el embalse reduciendo su capacidad al 1,9% en pocos meses.

El procedimiento ha tenido graves consecuencias ambientales. La operación, adjudicada por más de 950.000 euros, según Jara y Sedal, fue criticada por su ejecución precipitada y deficiente, ha provocado la fuga masiva de cientos de miles de ejemplares invasores hacia los ríos Alcollarín, Ruecas y Guadiana, agravando aún más el problema en lugar de mitigarlo.

Además, el vaciado del embalse ha causado una mortandad masiva de peces tanto invasores como autóctonos, dejando el lecho del embalse cubierto de peces muertos en avanzado estado de descomposición y generando un olor nauseabundo que afecta a los habitantes de la zona. La drástica reducción del nivel de agua también ha provocado la huida de numerosas aves acuáticas que habitaban el embalse, afectando la biodiversidad y suspendiendo actividades económicas locales vinculadas a la pesca y el turismo natural.

Así esta medida ha generado un daño ambiental y social considerable en la zona, con denuncias de los vecinos y expertos que califican la actuación como un desastre ecológico.