Durante el último año, Pedro Sánchez ha ignorado en tres ocasiones su obligación legal de activar una respuesta nacional ante catástrofes que golpearon a España. Lo hizo en la Comunidad Valenciana, donde la riada dejó más de 200 muertos; en abril, durante el gran apagón que paralizó al país; y en verano, cuando los incendios arrasaron el noroeste peninsular. Pese a que la Ley de Seguridad Nacional, aprobada por él mismo en 2021, le obliga a ponerse al frente de este tipo de crisis, el presidente del Gobierno prefirió esperar a que los acontecimientos se desarrollaran por sí solos.
Presidencia del Gobierno se ha visto obligada a reconocerlo por escrito tras una resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), que amparó una investigación periodística de El Debate. Según el documento 1091/2025, fechado el 19 de septiembre, Moncloa admite que Sánchez ni siquiera consideró gestionar el apagón como un asunto de Seguridad Nacional, pese a que el propio Ejecutivo no descartó un ciberataque en las primeras horas del caos eléctrico.
La Ley 36/2015 y el Real Decreto 1150/2021, firmados por el propio Sánchez, definen con claridad lo que constituye una “situación de interés para la Seguridad Nacional”: cualquier crisis que, por su gravedad y urgencia, exija una coordinación reforzada bajo la dirección del Gobierno. Pese a ello, ni Sánchez, ni el Consejo de Ministros, ni Interior, ni el Centro Nacional de Inteligencia emitieron informe alguno sobre el apagón que dejó a España a oscuras y sin información durante horas. El presidente ignoró deliberadamente su deber de activar los mecanismos de emergencia.
Moncloa reconoció esa inacción en un documento firmado el 13 de octubre por su directora jurídica, Beatriz Rodríguez. El escrito confirma que el presidente no se planteó aplicar la Ley de Seguridad Nacional ni recabar informes técnicos que justificaran su pasividad. Esta admisión llegó solo después de que el Consejo de Transparencia ordenara al Ejecutivo entregar la información requerida, tras meses de opacidad.
El CTBG recordó en su resolución que el caso reviste “indudable interés público”, ya que afecta directamente al modo en que el Gobierno adoptó decisiones ante una crisis de enormes consecuencias para los ciudadanos. No es la primera vez que el organismo reprende a Moncloa: ya lo hizo en marzo, cuando el Ejecutivo trató de ocultar los documentos relativos a la DANA de 2023.
En aquella tragedia, Sánchez volvió a incumplir la ley que le obliga a ponerse al frente. Según un documento fechado el 1 de julio, Moncloa trató de justificar la inacción del presidente alegando que la gota fría podía resolverse mediante la Ley de Protección Civil. Pero lo que no reconoció es que, desde 2019, esa misma norma forma parte del marco de Seguridad Nacional, por lo que el presidente debía haber asumido el mando directo. Mientras cientos de familias lo perdían todo, Sánchez se encontraba de viaje oficial en la India.
El patrón se repitió en agosto, con los incendios que arrasaron Galicia, Asturias y Castilla y León. Durante esos días, el presidente disfrutaba de sus vacaciones en La Mareta. La respuesta del Gobierno fue idéntica: se volvió a dejar toda la gestión en manos de Interior, evitando activar el Sistema de Seguridad Nacional. En un escrito fechado el 22 de septiembre, la propia Presidencia reconoció que no se recurrió a la ley 36/2015 y que se optó por “los mecanismos ordinarios” de Protección Civil, pese a que el desastre superaba ampliamente el ámbito autonómico.
En todos los casos, Sánchez tuvo en sus manos las herramientas legales para coordinar una respuesta nacional inmediata. Pudo movilizar recursos de todas las administraciones y liderar la actuación del Estado, pero prefirió no hacerlo. La Estrategia de Seguridad Nacional de 2021 le otorga la capacidad de declarar una situación de interés nacional ante cualquier amenaza: desde ciberataques hasta desastres naturales o crisis energéticas. Aun así, optó por dejar la responsabilidad en manos de otros y mantener su discurso internacional sobre las “emergencias climáticas” y la “transición ecológica”.
Mientras dentro de España eludía sus obligaciones, fuera del país Sánchez se presentaba como adalid de la Agenda 2030. En los foros internacionales hablaba de sostenibilidad, cambio climático y liderazgo global, mientras en casa ocultaba que no había movido un dedo ante tres de las peores crisis de los últimos años. Un Gobierno que presume de transparencia y coordinación, pero que ha necesitado ser obligado por el Consejo de Transparencia para reconocer su propia dejación de funciones.
España quedó tres veces a oscuras: una por la DANA, otra por el apagón y otra por la opacidad de un Ejecutivo que rehúye sus responsabilidades cuando más falta hace su liderazgo.
